La respuesta de la Justicia ante un caso de violación reavivó el debate entre grupos antagónicos

El caso de una adolescente violada y embarazada por segunda vez, al cual la Justicia respondió con una adopción prenatal, reavivó el debate local por la aplicación del protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) al que la provincia nunca se adhirió y tampoco tiene uno propio. En este marco, las organizaciones feministas también piden la derogación del decreto de “provincia provida” ya que, por las mismas declaraciones de la jueza a cargo del caso, determinó la actuación de las partes involucradas e impidió el aborto. 

Cabe destacar que en el mes de mayo, la Campaña Nacional por el Aborto Legal y Gratuito presentó por octava vez la iniciativa para que sea ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Es muy poco probable que sea tratado y la principal razón por la que el texto no pasará siquiera la discusión en comisión de la Cámara baja, por donde entra, son las elecciones.

En Corrientes, las organizaciones feministas apoyaron cada paso que se dio a nivel nacional, pero hubo hechos puntuales que movilizaron a los movimientos de género en la provincia. A finales del mes de julio, acompañaron el reclamo de Erika Montenegro, para la inmediata detención de Darío Aguirre, quien abusó de su hija de 9 años cuando ella sólo tenía 3, el imputado se encuentra prófugo y con pedido de captura nacional e internacional. 

A este pedido, se sumó el de captura del femicida de Sandra Silguero, Daniel Borlicher, y cárcel común a Adrián Sosa García quien le quitó la vida a Elizabeth Verón. Recordaron a la vez otros casos de violencia de género, que no fueron juzgados. En las últimas horas, volvió el debate del protocolo de ILE y la adopción de niños en caso de que la víctima de violación no quiera tener al bebé. Las organizaciones feministas recordaron que desde 1921 el Código Penal en Argentina establece que el aborto es legal por causales: si corre peligro la salud o la vida de la mujer, o si fue violada. 

Cabe indicar que un fallo de la Corte Suprema de 2012 ratificó ese derecho y exhortó a todas las provincias a adherir a un Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Esto no sucede en esta provincia que se declaró “provida” en el año 2011. 

“Nos movilizamos para visibilizar nuestro rechazo a la decisión del fallo judicial, no queremos que sea un antecedente y que hagan parir a niñas, adolescentes y mujeres que están en una situación crítica social y económica, y deciden no tener al bebé. El fallo tiene que ver con la mirada ‘provida’ de la provincia, creen que la mujer es una incubadora, no importa si fue violada”, expresaron desde el Colectivo de Mujeres en la movilización del viernes pasado y se declararon en “estado de alerta”. 

Mientras tanto, el jueves pasado, grupos “provida” celebraron un año del rechazo al proyecto de IVE. 

En un acto en este marco, hubo niños que tenían camisetas que decían “diseño original” con la imagen de un papá (fondo celeste) y una mamá (fondo rosa) y dos niños.

También, la semana pasada se presentó la línea “provida” en la Cámara de Diputados, otro rechazo de feministas que pidieron que el Estado sea “neutral”.