Organizaciones se movilizaron contra la “militarización” de barrios y el gatillo fácil

Con una movilización que congregó a unas 600 personas, Corrientes se adhirió ayer a una marcha nacional en contra del gatillo fácil y de las vulneraciones de derechos ejercidas por las fuerzas represivas del Estado. Organizaciones sociales y de derechos humanos, junto con familiares de personas asesinadas en el contexto denunciado, partieron desde la plaza Vera hacia el frente de la Jefatura de la Policía, luego a la Brigada de Investigaciones, para finalizar su recorrido en la entrada del Ministerio de Seguridad.

A nivel país, la propuesta tuvo como principales consignas el cese del gatillo fácil, de las muertes en las comisarías y de las detenciones arbitrarias; así como la derogación del Código Contravencional y de la Ley Orgánica Policial, y el rechazo a la baja de la edad de imputabilidad. En este marco, la marcha local tuvo como epicentro el testimonio de familiares de víctimas durante los últimos años (ver recuadro), así como el de vecinos de algunos asentamientos que denunciaron una “repentina militarización” de sus zonas, entre otras actividades que consideran como apremios ilegales.

Con una custodia policial que iba cortando el tránsito por calle La Rioja, la columna se detuvo un momento frente al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y luego se dirigió hacia la Jefatura. Allí, y frente a la mirada de uniformados cubiertos con escudos en las escalinatas del edificio, comenzó a leerse el documento elaborado por las organizaciones involucradas.

Referentes de asentamientos de la ciudad hicieron uso de la palabra y advirtieron sobre “una repentina militarización” en estos lugares, puntualizando en zonas como La Olla, Patono, La Chola, Galván, Juan de Vera, Virgen de los Dolores, Lomas del Mirador, Pujol, entre otras. “Vivimos desalojos en plena madrugada y sin orden de allanamiento, como lo ocurrido en la Tosquera el pasado 4 de agosto. Operativos de saturación en barriadas carenciadas o marginales, y una repentina militarización con detenciones arbitrarias y decomiso de vehículos”, mencionaron.

De allí, la movilización se trasladó hacia la Brigada de Investigaciones, en donde se nombró a varias de las personas que murieron en cárceles o comisarías de Corrientes. Según expresaron mediante el documento, desde el final de la última dictadura en la provincia fueron asesinadas por el aparato represivo estatal unas 121 personas (6.564 en toda Argentina) y 100 de esas muertes ocurrieron desde el Correntinazo.

Tras varios cambios de recorrido que obligaron a reestructurar el control de la columna por parte de la Policía y de Tránsito, la manifestación llegó finalmente al edificio de la cartera de Seguridad. “El gatillo fácil es parte de una política de Estado que involucró a los diferentes gobiernos desde el retorno a la democracia, con el fin de imponer por la fuerza sus intereses como minoría social: la desigualdad, el saqueo y el empobrecimiento general que padecemos la inmensa mayoría”, concluyeron.