El gobierno de colación progresista de España desvinculó ayer su reforma del Código Penal de las negociaciones pendientes con los secesionistas de Cataluña, ante la polémica que generó la iniciativa por beneficiar a los líderes condenados por el fallido proceso de secesión de 2017.
“Estamos armando ese proyecto de reforma, que vamos a llevar a la Cámara, pero no forma parte en absoluto de la mesa de diálogo” con Cataluña, subrayó ayer la vicepresidenta primera del gobierno español, Carmen Calvo, descartando que sea una contraprestación a los independentistas catalanes. La reforma del Código Penal impulsada por el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez contempla, entre otras modificaciones, una revisión de los delitos de rebelión y sedición, este último por el que fueron condenados 9 líderes secesionistas por el intento de ruptura frustrado hace más de dos años.
