Toma de terrenos en Santo Tomé: abrieron una causa por asociación ilícita, usurpación y daño

Luego de que se hiciera pública hace algunas semanas la noticia de la toma de terrenos en una reserva natural de Santo Tomé, y de que el intendente Mariano Garay realizara una denuncia formal, la Justicia avanzó este viernes con una serie de medidas e imputó a unas 16 personas por los delitos de “asociación ilícita, usurpación y daño”. En los próximos días podrían haber indagatorias y no descartan que puedan haber detenciones. Entre los implicados habría un abogado, un policía, un médico y un odontólogo, entre otras personas

En diálogo con El Litoral, el concejal santotomeño, Eduardo Etchegaray, indicó que “el tema se originó en 2018 cuando presenté una ordenanza para que se estableciera el ‘camino de sirga’ y se interveniera porque en ese momento hubo algunas tomas de terrenos, pero eran unos 4 o 5 espacios que fueron usurpados por gente que iba a pescar o por esparcimiento. Sobre eso no hubo nunca una respuesta concreta. Igualmente hay que diferenciar, porque hay unas 6 familias de pescadores que están hace más de 20 años (ver recuadro) y que en realidad tienen ahí pequeños lotes con plantaciones y animales”.

En este sentido, agregó que “el verdadero problema surgió hace algunas semanas, cuando el encargado de la reserva se comunicó conmigo y me contó la situación. Por eso presenté un pedido de informe respecto a esa ordenanza del 2018; de ahí avanzó la cosa y la semana pasada hubo una denuncia judicial del Intendente, y por eso los allanamientos y las medidas que tomó la Justicia ayer (por el viernes)”, explicó.

La situación

La reserva natural Santo Tomé o también conocida como “zona Itacuá” está ubicada al margen del río Uruguay y en el lugar ocupan algunos lotes unas seis familias de pescadores desde hace más de 20 años, pero que en realidad, según el concejal Etchegaray, “tienen algunas plantaciones y animales. El verdadero problema es que detectamos que hace unos tres o cuatro meses, personas comenzaron a lotear terrenos y a venderlos a precios de entre 80 mil y 150 mil pesos; incluso descubrimos que había una secta llamada “las monjitas” que tenía espacio para construir un templo. Si bien actuamos a tiempo ya que no había grandes construcciones, sí había miradores, pasarelas, lugares de esparcimiento y hasta un puente”, detalló. Al respecto, indicó que la reserva tiene aproximadamente unas 189 hectáreas de las cuales fueron usurpadas unas 40.

La causa

Tras el pedido de informe presentado por el Concejal, el Jefe comunal realizó una denuncia ante la Justicia y por este motivo -el pasado viernes- por orden de la jueza Marina Durand de Pereyra a instancias de la Fiscalía a cargo del doctor Facundo Cabral, se avanzó con algunas medidas. Entre ellas, se ordenó la prohibición del ingreso de materiales y la clausura de las entradas a dichos terrenos. Por otra parte, también se habría ordenado a la Dpec y a Aguas de Corrientes la prohibición de realizar conexiones en los terrenos usurpados. Ahora continuarán las investigaciones para tratar de individualizar a todos los responsables, quienes podrían ser llamados a indagatoria en las próximas semanas e incluso no descartan detenciones. 

(AB)