Ya se judicializaron 45 casos por violencia de género durante la cuarentena obligatoria

Desde que se inició el aislamiento social obligatorio, el Centro de Atención de Víctimas de Violencia de Género lleva judicializados 45 casos por maltrato hacia las mujeres y por disidencias, que van desde exclusiones del hogar a los agresores, hasta determinación de perimetrales. Al mismo tiempo, a nivel nacional preocupa que se hayan registrado 21 femicidios  en lo que va de la cuarentena, de los cuales uno se cometió en Corrientes.

Desde el inicio del aislamiento, el Centro, que dependiente del Ministerio de Justicia provincial, lleva atendidos 72 casos, de los cuales 45 se encuentran judicializados, según informó a Momarandú la titular del Centro, Daniela Andraus. Vale destacar que, al 30 de marzo, había sólo cuatro denuncias ante la Justicia.

Según especificó Andraus, en los casos que ya están judicializados “existen muchas exclusiones y determinaciones de perimetral”. “Hasta la fecha llevamos seis en el período de exclusiones de los agresores de su domicilio, con cuatro pedidos de dispositivos de monitoreo con sistema dual, para controlar tanto al agresor como a la víctima, explicó.

La encargada del Centro destacó que si bien se incrementaron las denuncias de violencia, 27 de los 72 casos corresponden a trabajos de  “contención psicológica”, porque “el aislamiento potenció la vulnerabilidad que venían padeciendo las víctimas”.

Vale recordar que el trabajo  en el organismo se viene realizando mayoritariamente por teléfono o vía internet, para respetar la cuarentena. El Centro cuenta con el número telefónico 379 4530311, y la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, donde se puede encontrar un link que lleva a un formulario. También está el 911 para capital y el 101 para el interior.

Preocupación

De acuerdo a un informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de la ONG “La Casa del Encuentro”, en el período de aislamiento social (desde el 20 de marzo) hasta el 16 de abril se registraron 21 femicidios. De estos casos, cuatro víctimas fueron menores de edad, y 29 personas quedaron sin madre. Además, se resalta que 1 de cada 5 mujeres había hecho una denuncia previa.

En lo que respecta a Corrientes, se recuerda que por el momento hubo un femicidio durante la cuarentena: el de Delfina Gutiérrez en el barrio San Jorge, el 27 de abril. La mujer de 66 años fue asesinada por su sobrino, recibió dos golpes con un martillo, lo que ocasionó que fuera internada en grave estado de salud, y falleciera luego en el hospital.

A su vez, se trata del segundo femicidio del año, según la organización Mumala. El primero fue de María Morlio, de 25 años, que ocurrió en Monte Caseros el 12 de enero.

“Ambos casos de violencia extrema machista, al igual que los 5 intentos de femicidios ocurridos en los primeros meses del año, dan cuenta una vez más, que las acciones llevadas adelante por parte del Estado no son suficientes y que la Justicia llega tarde o actúa en contra de la protección de las víctimas. Tal es así que, según los datos del Observatorio Mujeres Disidencias Derechos de MuMaLa Corrientes, el 50% de las víctimas fueron asesinadas en su propio hogar. El 100% de los agresores tenían un vínculo cercano con la víctima (pareja/familiar). Dos hijxs (menores de edad) se quedaron sin su madre”, informó a El Litoral Silvana Lagraña,  coordinadora del Observatorio Mujeres Disidencias Derechos de MuMaLa Corrientes.

La referente de dicha organización recordó además que en el último relevamiento hecho a nivel nacional “en los casos de intentos de femicidios, el 80% de las mujeres fueron víctimas en su propio hogar. El 100% de los agresores  tenían un vínculo cercano con las víctimas (80% ex pareja y 20% pareja). El 80 % de las víctimas tienen hijxs a su cargo. El 60% de los agresores tienen  denuncia por violencia de género y el 20% tiene restricción de contacto o perimetral”. 

“Estos datos son alarmantes y demandan mayores políticas públicas con perspectiva de género, ya que continúan evidenciando las desigualdades sociales, económicas, culturales y políticas existentes en nuestra sociedad hace mucho tiempo y que las principales víctimas son las mujeres y disidencias”, dijo Lagraña, y agregó que “en el contexto actual de emergencia sanitaria mundial y de aislamiento social, preventivo y obligatorio estas desigualdades se agravan, se profundizan, aumentando los grados de vulnerabilidad y riesgos para las víctimas”. 

“En consecuencia, seguimos exigiendo al Estado la conformación de un Consejo Nacional  de Emergencia para abordar las violencias en el contexto actual, promover espacios similares a nivel provincial y municipal. Asignación de mayor partida presupuestaria.  Reforzar y garantizar la atención, contención y protección de las víctimas de violencia. Implementar asistencia económica de emergencia para mujeres y disidencias en situación de violencia y también para los familiares de las víctimas de femicidios. Que la Justicia garantice mayor control del cumplimiento de las medidas judiciales de los agresores y que no otorgue el arresto domiciliario a los acusados y condenados por femicidios, abusos, violaciones, violencia de género o familiar. La inmediata Declaración de la Emergencia Nacional  Ni Una Menos, que entre sus 15 puntos, requiere el pleno cumplimiento  de la Ley Micaela y la Ley Brisa”, pidió.