En Capital recien se implementara en el 2022

A menos de un mes de la implementación del Código Procesal Penal en la localidad en Paso de los Libres que se pondrá en marcha desde el 1º de agosto, desde el Superior Tribunal de Justicia destacan las capacitaciones que se están brindando a todo el personal, pero reconocen que deberán llevar claridad al texto en busca de un equilibrio justo para todas las partes.

En relación a las reuniones de capacitación en vísperas de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de Corrientes, El Litoral consultó al ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Eduardo Panseri, sobre los avances para la puesta en marcha y dijo que “vamos avanzando lento, pero a paso firme, nada de apuros. Estamos preparándonos con las pocas herramientas que tenemos para dar una apertura el 1º de agosto con total dignidad en la ciudad de Paso de los Libres”.

En cuanto a las capacitaciones al personal, comentó que “estamos realizando los cursos y atendiendo a 1.400 empleados desde el área de capacitación del Poder Judicial”.

“Y tengo entendido que el Servicio Penitenciario y la Policía se están capacitando en torno a los nuevos roles e implicancias que establece el Código Procesal Penal”.

En cuanto a la parte normativa y práctica del nuevo código, Panseri señaló que “creíamos que la ley estaba perfecta, pero hoy llegamos a la conclusión de que vamos a tener que resolver algunos interrogantes, que surgen con el futuro, con la situación que estamos viviendo,  con la vida misma, con los fiscales, con  los abogados, con los jueces y los secretarios. Ya que nosotros tenemos que pensar en un equilibrio entre el interés individual del imputado, de la víctima y el de la sociedad en su conjunto”.

“Tenemos que ser claros y que la sociedad sepa que esto se está produciendo en la Justicia y que con su implementación iremos viendo qué nuevos objetivos van surgiendo y qué obstáculos vamos a tener que vencer”, agregó.

Interrogantes

Mientras que en relación a los interrogantes, Panseri dijo que “hoy por la situación no hay una comunicación directa de los distintos actores con el juez, para eso está la Oficina Judicial (Ofiju). Esta va a ser una especie de organización que está centrada en el medio del proceso. Va a recibir las inquietudes de las partes, las propuestas de la defensa o de la querella. Y, en consecuencia, va a tener que velar para que no haya superposición de audiencias. Entre otras cosas, se va a ocupar de todo lo administrativo”.

Prosiguió explicando que “hoy se realizaba una denuncia y en unos días llega el sumario a las manos del juez y después se corrían las actuaciones, se determinaban las pericias que se deben hacer. Y ahora cambia totalmente el eje ya que tras la denuncia, el fiscal va a tener varias opciones para encontrar una solución al conflicto. El principio de oportunidad el principio de flagrancia, mediación y conciliación que son algunas de las herramientas que se podrá ofrecer a la defensa e imputado. Todo esto sería una especie de antejuicio”.

El ministro del STJ también se refirió a la arista económica y laboral que implica esta nueva legislación y dijo que “tenemos limitaciones presupuestarias, limitaciones de personal. Va a ser necesario proponer reuniones permanentes para que podamos ir avanzando de a poco en todos estos nuevos conceptos”.

Capital 

En cuanto a la definición de que en Capital va a ser la última ciudad donde se implemente el nuevo marco normativo, indicó que “nosotros sabemos que vamos a estar un poco rengueando. Eso es porque no tenemos todas las estructuras, los conocimientos, la experiencia ni tampoco el  presupuesto para que esto salga bien de entrada. Paso de los Libres es un banco de prueba porque se debe considerar que en todo el interior la cantidad de delitos no supera el 40 por ciento, mientras que en Capital representa el 60%, dada la cantidad de población entre otras cosas, por lo que se inicia la implementación en las otras ciudades para lograr e menor impacto negativo de toda esta implementación”.

“Y es importante señalar que esta forma de aplicación ya se dio en otras provincias como en San Juan”, explicó Panseri.

En este contexto, vale considerar que en la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes participan los ministros del STJ, Alejandro Chain y Eduardo Panseri; el fiscal de Instrucción Nº 6, Gustavo Robineau; el ministro de Coordinación y Planificación, Horacio David Ortega; el representante de la Cámara de Diputados, Marcelo Chain, y el representante de la Cámara de Senadores de Corrientes, Diógenes González.

Aplicación

La normativa entrará en vigencia a partir del 1º de agosto en la Cuarta Circunscripción, que comprende a las jurisdicciones de Paso de los Libres y Monte Caseros. En tanto, el 1º de noviembre se dará inicio en la Tercera Circunscripción: Curuzú Cuatiá y Mercedes.

Por otra parte, se prevé que el 1º de abril del año próximo se implemente en la Segunda Circunscripción: Goya y Esquina; el 1º de agosto en la Quinta Circunscripción: Santo Tomé, Ituzaingó y Virasoro; y el 1º de noviembre en las localidades de Bella Vista, Santa Rosa y Saladas, Primera Circunscripción. Finalmente, el 1º de marzo de 2022 será el turno de Capital.                                

(MNR)