Si las 40 carpetas que se incautaron de las oficinas del ministerio de Seguridad de Santa Fe son la evidencia de que funcionaba un centro de inteligencia ilegal para extorsionar a opositores políticos, la provincia está a las puertas del más grave episodio institucional de los últimos 38 años.
La única comparación que se hace en la provincia de algo parecido se remonta a los tiempos de la dictadura militar, donde la inteligencia del Estado estaba al servicio de los intereses de demolición de rivales.
“Esto recién empieza”, confió una fuente cercana a la investigación al revelar en off detalles de los documentos encontrados en la tarde del viernes, cuando desde un juzgado se decidió adelantar unos procedimientos que estaban previstos para la semana próxima.
Los allanamientos sorpresivos a las sedes del ministerio de Seguridad, tanto en Rosario como en Santa Fe, ubicados en las sedes de la propia Gobernación santafesina, se justificaron en la necesidad de impedir que se siguieran destruyendo documentos de lo que sería el funcionamiento de un centro de inteligencia ilegal.
(AG)
