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/Ellitoral.com.ar/ Interior

Ordenan el desalojo con la fuerza pública del predio del Gauchito Gil

El Juzgado Federal le dio plazo hasta el viernes al grupo de trabajadores que no quieren abandonar el lugar. 

El Juzgado Federal de Paso de los Libres ordenó el desalojo con la fuerza pública del predio del Gauchito Gil en la localidad correntina de Mercedes,  informaron este miércoles fuentes judiciales.

La medida se da ante la imposibilidad de avanzar en el predio debido a que un grupo de 19 puesteros se opusieron al avance de las obras de urbanización.

En el expediente firmado por el juez Gustavo Fresneda, se indica que la orden deberá ser ejecutada el viernes"a partir de las 06:00 y hasta su culminación, la cual no podrá extenderse por más de 48 horas".

Según el documento, el desalojo se debe dar en el perímetro comprendido por  "la zona de banquina y laterales de la Ruta Nacional 123, Kilometro 100, como así la desinstalación, destrucción y liberación del espacio público de casillas precarias y construcciones que sean utilizadas, como asimismo el retiro de la totalidad de los efectos y elementos que ocupen, en la zona de seguridad vial del corredor".

Para ello, se habilitó a que la Gendarmería Nacional ejecute lo solicitado y además"la fuerza deberá instalar un puesto fijo de guardia por el término de 30 días, destinados a evitar nuevas ocupaciones y asegurar la seguridad vial en la zona",  indica el expediente.

Asimismo,  se solicitó a la Policía de Corrientes  "la instalación y refuerzo de la guardia policía en la zona del predio, con el fin de resguardar la seguridad y orden en toda la zona, debiendo actuar en forma conjunta y coordinada con la Gendarmería Nacional".

VER MÁS: Gaucho Gil: quisieron desalojar el predio pero los puesteros se opusieron

Vale recordar que desde hace dos semanas  la Justicia ordenó que un grupo de 19 trabajadores que se apostan al costado de la ruta, se corran para iniciar las obras de urbanización del predio.

Sin embargo, éstos se niegan y señalaron que lo harán después del 8 de enero. 

Los inconvenientes se dieron tras el doble crimen que conmocionó a Corrientes, cuando, de acuerdo con la investigación, un grupo de personas vinculadas con la anterior administradora del santuario, irrumpió en terrenos donde se domicilia la familia Canteros con el fin de tomar posesión de un predio pretendido como lugar de instalación de puestos de venta, ubicado frente al santuario. 

 

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