La sala II de la Cámara Federal de Bahía Blanca ratificó los términos de la cautelar dictada por el juez federal de primera instancia Walter López Da Silva en setiembre pasado que impidió cualquier medida relacionada con el destino final del destructor “Santísima Trinidad”, ordenando al estado atenerse a lo que se resuelva en un juicio en el que se aborde su afectación al patrimonio cultural de la Nación o su venta como chatarra tal como pretende el Poder Ejecutivo Nacional.
La acción de amparo había sido presentada por el ciudadano Jorge Oliver luego de que el 17 de diciembre de 2020 mediante el decreto número 1017/20 el presidente Alberto Fernández dispusiera la “Venta como chatarra” del destructor de la Armada Argentina “Santísima Trinidad”. La nave que el primer mandatario pretendió desafectar es nada más ni nada menos la que lideró el desembarco de las tropas argentinas que recuperaron las islas Malvinas el 2 de abril de 1982.
Si bien los letrados del Estado nacional remarcaron ante el tribunal el riesgo que conlleva el mantenimiento de la unidad naval a flote, la imposibilidad fáctica y pecuniaria de encarar su reparación y la falta de recursos técnicos y monetarios que la fundación 20 de noviembre tendría para hacerse cargo del buque, los camaristas tuvieron un criterio diferente.
Los magistrados también pusieron énfasis en el carácter indiscutible de la participación de la nave en el conflicto bélico de las Islas Malvinas.
(JML)
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