El rapero español Pablo Hasel fue detenido y llevado ayer a prisión para cumplir una condena por sus tuits contra la monarquía y las fuerzas de seguridad, lo que generó una diversa repercusión política y protestas en las calles que reavivan el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el país.
"¡No nos van a parar nunca, no nos van a doblegar!", gritó con el puño alto el artista cuando la policía lo escoltó fuera de la Universidad de Lérida, en Cataluña, donde se había atrincherado el lunes con una decenas de seguidores.
"Muerte al Estado fascista", vociferó instantes antes de que los Mossos d'Esquadra (policía regional) lo introdujeran en el patrullero, entre abucheos de activistas que protestaban en esta ciudad ubicada a 150 kilómetros de Barcelona.
La detención provocó una diversa ola de reacciones políticas. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, evitó comentar sobre el arresto pero recordó que el Ministerio de Justicia ya trabaja en una revisión de los delitos relacionados con la libertad de expresión.
"En el ámbito de la libertad de expresión debe haber una horquilla de comprensión y tolerancia propia de una democracia madura como la nuestra", dijo tras una reunión del Consejo de Ministros.
Su socio minoritario en la coalición, Unidas Podemos, fue más contundente: criticó la detención y pidió que el Gobierno indulte al rapero.
Del otro lado del espectro político, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, consideró que es una "buena noticia" que Hasel esté en prisión ya que significa que "un delincuente acaba en la cárcel".
(EN)
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