Imputaron a 11 empresas por desabastecimiento

La Secretaría de Comercio Interior imputó ayer a 11 grandes firmas proveedoras de artículos de consumo masivo de retener volúmenes de producción o falta de entrega, tras encontrar desabastecimientos puntuales en supermercados y comercios.

“Las imputaciones intiman a las empresas para que en el plazo perentorio de cinco días hábiles acredite ante la subsecretaría de modo fehaciente haber dado cabal cumplimiento a la norma, y se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020”, remarcó ayer la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.

En tanto que las sanciones que podrían afrontar llegan hasta los hasta $10 millones.

Se trata de las firmas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, que fueron imputadas al advertir retenciones en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.

La acción se realizó “luego de verificar que estas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020”, informó Comercio Interior en un comunicado.

En declaraciones a la prensa al término de la reunión del gabinete económico, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aclaró que si bien el Gobierno nacional apuesta por el diálogo, esa actitud “no reemplaza la potestad del Estado de aplicar las leyes vigentes”.

El funcionario explicó que la investigación se inició ante denuncias de “desabastecimientos puntuales de algunos productos” en supermercados.

“Cuando se requirió por qué no estaba el producto: se advirtió que no era un problema del supermercado en sí, sino del productor industrial. Se hicieron algunos requerimientos y la secretaría detectó una reducción del volumen de producción” por parte de las empresas proveedoras, explicó Kulfas.

El ministro también señaló que las compañías tienen “posibilidad de descargo” y subrayó que “Argentina con pandemia no ha tenido desabastecimientos” y el Gobierno pretende seguir asegurando la llegada de los productos a la casa de los argentinos.

En tanto, varias de las firmas imputadas consultadas por Télam respondieron que todavía no recibieron ningún aviso oficial al respecto, y hasta tanto no suceda no se van a referir a la cuestión.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró por su parte que la medida tiene “el objetivo de cuidar el bolsillo de todas y todos los argentinos y de ser implacables con los especuladores”.

En declaraciones a Radio Nacional, la economista indicó que el Gobierno desarrolla “una serie de imputaciones a empresas por no producir a su máxima capacidad”, tras encontrar “faltantes en góndolas en productos como aceites, aderezos, arroz, lácteos, pan lactal o detergentes, entre otros”.

La acción se ampara en la mencionada Resolución 100/2020 que establece el marco legal para la implementación de los Precios Máximos y “tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados”.    

   (JML)