Inquilinos se suman al “ruidazo” ante el riesgo de aumentos de precios y desalojos

La Asociación de Inquilinos de Corrientes convocó a participar al “ruidazo nacional” que se realizará el 29 de marzo, a horas de que quede sin efecto el decreto presidencial que congela precios de alquileres e impide desalojos. Alegan que el incumplimiento generó subas de precios en los alquileres por arriba de la inflación y que la crisis económica agrava la imposibilidad de pago, en el marco de la emergencia sanitaria.

A principios de marzo la administración de Alberto Fernández aclaró que no iba a prorrogar ni el congelamiento de alquileres ni la suspensión de desalojos, medidas que se habían implementado ante el inicio de la crisis sanitaria.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a su vez, argumentó que no se renovará el decreto 66/2021, dado que en su lugar “se trabajará con las herramientas que generó la nueva ley de alquileres”.

Por ello, para el 29 de marzo a las 20 fue convocado un “ruidazo” bajo la consigna “contra el abuso del mercado inmobiliario”.

El fin del congelamiento no solo libera los precios de los alquileres, sino que los inquilinos podrían tener que afrontar el peso de un monto extra: el cargo de los aumentos no cobrados durante la vigencia de la norma, un acumulado que se agrega al de los valores “actualizados”. Adríán Canteros, uno de los representantes, explicó que “la idea es hacer un ruidazo, sin concentración física ya que no nos parece prudente en este punto de la pandemia”.

Ante la proximidad del vencimiento, la agrupación criticó: “No se entiende que, en un panorama de llegada de segunda ola de contagios y con la situación gravísima que se vive en todo el país, decidan levantar el decreto que suspende desalojos”. 

Canteros sostuvo que “todos los motivos por los cuales se efectivizó el decreto hace un año atrás están vigentes y se agudizaron”.

En ese sentido, advirtió que “empiezan los desalojos sin mediación ni Estado que proteja”, por lo que pidió al Gobierno revisar su determinación al respecto. 

Desde el sector advirtieron a este medio que los propietarios incumplieron el decreto y que los inmuebles registraron, en muchos casos, aumentos de hasta 65%, el doble de la inflación.

“Las subas son discrecionales, a voluntad de cada inmobiliaria, lo que deja desprotegido a quien alquila y el Estado no actúa”, reclamó Canteros.

Desde la Asociación de Inquilinos de Corrientes señalan que hay un gran porcentaje de quienes viven en situación de alquiler en la provincia que adeudan varios meses y con contratos informales.

“Desde hace un año venimos solicitando que el Estado nacional, provincial y hasta el Municipio dispongan un plan de desendeudamiento, y no tenemos respuesta”, alertó.

“El mismo día que se decretó la pandemia, mucha gente perdió sus trabajos o disminuyeron sus ingresos. Estamos hablando de monotributistas y trabajadores informales, que no poseen un trabajo en blanco o un sueldo fijo”, describió Canteros y añadió: “No es que no haya voluntad de pago, el inquilino no tiene el dinero”.

Desde el sector, también reclaman el cumplimiento de la nueva Ley de Alquileres que, entre otras cosas, establece un registro de los contratos, la reacción de propietarios e inmobiliarias no se hizo esperar y fue con argumentos repetidos: que las regulaciones retraen la oferta habitacional y perjudican a quienes se dice beneficiar. 

El registro fue uno de los blancos, casi una confesión de que se realizan numerosas operaciones sin asiento fiscal para evitar el pago de gravámenes. 

 (IRB)