Homenajearon a desaparecidos y víctimas del último golpe cívico-militar

Con un acto desarrollado en el Memorial del Desaparecido ubicado en el Cementerio San Juan Bautista, el Gobierno provincial conmemoró ayer el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 45 años del golpe cívico-militar que desencadenó la dictadura instaurada en el país el 24 de marzo de 1976. La ceremonia fue encabezada por funcionarios, familiares del del desaparecido correntino Rómulo Gregorio Artieda y referentes de organizaciones de derechos humanos, quienes depositaron ofrendas florales en el espacio donde descansan los restos de Artieda.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Buenaventura Duarte, llevó el saludo del gobernador Gustavo Valdés y destacó “el incansable trabajo de tantos dirigentes y representantes de las organizaciones de derechos humanos en Corrientes, al igual que las madres y familiares de detenidos y desaparecidos. Es necesario seguir trabajado entre todos por un Nunca Más y por la unidad de los argentinos”, aseveró, señalando luego que se debe fortalecer “todos los días la democracia, hacia el país que soñamos y nos merecemos”.

Por su parte, el subsecretario de dicha cartera, Manuel Cuevas, manifestó que “reforzar la memoria es el camino para afianzar la democracia y las garantías constitucionales y decir Nunca Más al terrorismo de estado instaurado por la dictadura”. 

Luego, sostuvo que se expresa un permanente homenaje a las víctimas de la última dictadura militar, a “quienes le debemos un eterno reconocimiento por sus luchas por la justicia social”, haciendo extensiva la recordación a las madres correntinas, cofundadoras de las Madres de Plaza de mayo, organizaciones de derechos humanos y militantes políticos y sociales que dieron su vida por la libertad y los derechos esenciales.

“Que la juventud y las nuevas generaciones tomen conciencia de lo que pasó en esos años oscuros que fueron una verdadera tragedia para la Argentina y que valoren la vida en libertad y en democracia”, remarcó Cuevas, subrayando que “como Estado tenemos el deber y la obligación de afianzar el compromiso de trabajar por la plena vigencia de los derechos humanos”.