Anulan decreto migratorio del macrismo

El gobierno de Alberto Fernández derogó un decreto relacionado a la política migratoria de la gestión del expresidente Mauricio Macri, mediante la cual se habían planterado controles más estrictos para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y se agilizaron los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales.

Desde el Gobierno nacional consideraron que los cambios efectuados por la gestión anterior resultaban "irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos".

La anulación se publicó hoy en el decreto 138/2021, publicado en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros que integran el Gabinete nacional.El decreto derogado es el 70/2017, que modificó aspectos de la Ley N° 25.871, más conocida como "Ley de Migraciones".

El decreto derogado hoy "modificó aspectos sustanciales" de esa ley, según explicaron las autoridades y agregaron que, como resultado de esas modificaciones, se observaron violaciones a los derechos humanos.

El decreto 70/2017, implementado durante la gestión de Mauricio Macri, estableció la prohibición de ingreso a las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”. La prohibición de ingreso se extendió a quienes estuvieron involucrados en actos deterrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución. Además,las mismas causas podían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado “cualquiera fuese su antigüedad”.

En el momento de la aplicación del decreto en 2017, Amnistía Internacional (AI) había advertido que esa norma introducía "impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa; elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina".

"El decreto está dirigido mayormente a evitar el ingreso de migrantes y facilitar los mecanismos de expulsión de aquellos que cuenten con antecedentes penales ampliando la posibilidad de hacerlo sin tener en cuenta la realidad de los migrantes, sus lazos con el país, el arraigo en la Argentina, los contextos familiares y la posibilidad de desmembrar una familia", señaló AI en aquella oportunidad, e indicó que la normativa "amplia el concepto de antecedentes penales vulnerando los derechos de los migrantes".

Télam.