El Gobierno de Bolsonaro niega la indemnización a las víctimas de la dictadura

Brasil restauró la democracia en 1985 sin saldar cuentas con la historia y la memoria de las víctimas del régimen militar de 21 años. A diferencia de países como Argentina o Chile, que llevaron a sus verdugos al banquillo de los acusados antes de pasar la página, el país se conformó con la Ley de Amnistía, firmada en 1979 por el general João Batista Figueiredo, quien presidía Brasil.

La ley “perdonaba” a militantes de izquierda, así como a militares acusados de delitos. En 2002, durante el gobierno Fernando Henrique Cardoso (Partido de la Social Democracia Brasileña), se dio otra pequeña victoria para quienes sufrieron los abusos de los militares, con la creación del régimen de amnistía política. 

El sistema indemniza a quienes sufrieron persecuciones y torturas por parte del Estado durante la dictadura militar. La expresidenta Dilma Rousseff, por ejemplo, es una de las que hoy aboga por este beneficio después de pasar dos años bajo tortura en prisión durante el régimen militar.

Pero después de casi veinte años, bajo un Gobierno entusiasmado con la dictadura, los beneficios de remediar la memoria están amenazados. Hubo una caída exponencial en el otorgamiento de solicitudes de amnistía y un endurecimiento de las reglas para solicitar el beneficio durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (sin partido). Solo se ha concedido el 10 % de los pedidos realizados hasta el momento. La caída en las aprobaciones viene desde el Gobierno de Michel Temer (Movimiento Democrático Brasileño), cuando se aprobaron el 13 % de las solicitudes.

El estado de amnistiado político se otorga a las personas que han sido perseguidas por órganos o personas vinculadas al Estado brasileño entre 1946 y 1988. La mayoría de las personas reconocidas como amnistiadas fueron objeto de persecución durante la dictadura entre 1964 y 1985. 

(AG)