Nueva normativa ambiental para residuos de salud

El Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) instrumentó el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos, que comprende a los desechos clínicos resultantes de la atención médica asistida en hospitales, centros médicos y clínicas para salud humana.

A través de la Resolución Nº 237 y 240/2021, la autoridad ambiental de Corrientes instrumentó los pertinentes formularios para que se inscriban debidamente las personas físicas o jurídicas responsables de la generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos de los establecimientos de salud.

Se estableció, además, la semana anterior, el modelo de declaración jurada de generadores, transportistas y de operadores de plantas de almacenamiento/tratamiento, eliminación y/o disposición final de residuos peligrosos.

En dicha normativa establecieron el modelo de manifiesto que debe completar inicialmente el generador, como también el formulario de renovación del Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos (Cgrp) para generadores, transportistas y operadores, que se otorgará una vez evaluada la documentación presentada ante el Icaa y tendrá una vigencia de dos años.

Adhesión

Esta nueva medida surge en el marco de la Ley nacional N° 24.051, sancionada en diciembre de 1991, el decreto reglamentario N°831/93, la ley de adhesión provincial N° 5.394, decreto reglamentario N°1928/20 y resoluciones Icaa N°237/21 y 240/21. Así es que el Icaa llevará progresivamente el registro de generadores, transportistas y operadores de residuos peligrosos en el que deben inscribirse las personas físicas y jurídicas responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos dentro de la provincia de Corrientes.

Los aranceles de inscripción y renovación del registro de generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos, establecidos por única vez, están vigentes hasta el 30 de junio de 2021 y serán actualizados cada seis meses.  

La falta, suspensión o cancelación de la inscripción no impedirá el ejercicio de las atribuciones acordadas a la autoridad de aplicación, ni eximirá a los sometidos a su régimen de las obligaciones y responsabilidades que se establecen para los inscriptos.

La autoridad de aplicación puede inscribir de oficio a los titulares de las actividades alcanzadas por la presente norma. En caso de oposición, el afectado debe acreditar, mediante el procedimiento que se determine, que sus residuos no son peligrosos en los términos establecidos en la normativa jurídica.

(IB)