La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, rechazó el recurso de casación interpuesto por el abogado defensor de Romina Sosa, condenada junto a un grupo de personas por el lavado de dinero proveniente del narcotráfico en marzo de 2018. La condenada pretendía que se le entregue los inmuebles registrados a su nombre, ya que argumentaba que habían sido adquiridos de buena fe y cumpliendo todas las exigencias de la ley. Sin embargo, el pedido fue denegado.
En marzo de 2018, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a trece años de prisión al máximo responsable de una banda acusada de lavar dinero proveniente del narcotráfico, en lo que fue la sanción más alta en el país para este tipo de delito. Los magistrados hicieron lugar al pedido de penas solicitado por el fiscal general Carlos Schaefer, quien señaló como líder de la organización a Roberto Rodríguez. La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal federal Flavio Ferrini y los representantes de Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La banda estaba integrada por personas del núcleo familiar y personal de Rodríguez: sus exparejas Romina Sosa y Daniela Villalba; su madre Elba Aquino; su cuñada Gladys Ramos; su socio Rafael Glibota y la pareja de este, María de los Ángeles Herrera.
En el 2017, Rodríguez había sido condenado a nueve años de prisión por tráfico de estupefacientes, en un debate oral y público en el que intervino el titular de la Fiscalía General N° 2 ante el TOF de San Martín, Alberto Gentili.
El Tribunal —integrado por los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas de Badaró— condenó a los siete imputados como coautores penalmente responsables del delito de lavado de activos de origen delictivo, agravado por cometerse con habitualidad y en banda. En tal sentido, le impuso a Rodríguez una condena de trece años de prisión, mientras que su madre, Elba Aquino, Griselda Sosa y José Glibota, recibieron diez años. Asimismo, a María de los Ángeles Herrera, Daniela Villalba y Rosa Ramos se les impusieron condenas de cuatro, seis y ocho años de prisión respectivamente.
El fiscal general Schaefer destacó que la organización no solo se dedicó a lavar dinero, sino que con ese producido se abonaban los futuros eventos del narcotráfico, financiándose dicha actividad.
Además, el Tribunal ordenó el decomiso de los vehículos y de los muebles e inmuebles que fueran objeto y/o medio del lavado de activos. También resolvieron clausurar la personería jurídica de la empresa RR Vip, que comercializaba autos de alta gama, el complejo turístico Tangará, la empresa de turismo Emsetur, y el corralón Cerro Corá, firmas por las que circularon más de $158.000.000 originados en la venta de drogas.
(NG)
