Armas a Bolivia: analizan un cambio de magistrado

El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart resolvería el lunes, cuando termine la feria judicial, pasar la causa por el supuesto contrabando de pertrechos antimotines a Bolivia a su colega Alejandro Cattania.

Sucede que durante la feria López Biscayart proveyó todas las medidas de pruebas que le pidieron las partes, pero hay dos denuncias sobre el mismo hecho. La del excamarista Eduardo Freiler, la número 721, que recayó antes en el juzgado de Cattania y la suya que lleva el número 722. Si Cattania no acepta será la cámara en lo penal económico lo que decida a qué juez le corresponde seguir con la investigación en que el kirchnerismo quiere involucrar al ex presidente Mauricio Macri.

Entonces, López Biscayart, que estuvo de feria- debería el lunes acumular su causa a la de Cattani, quien “previno antes”, como dicen los abogados cuando se presentan varias denuncias ante distintos magistrados.

En la causa interviene, hasta ahora, el fiscal Claudio Navas Rial, quien hizo el correspondiente requerimiento de instrucción.

El verdadero eje judicial de la denuncia fogoneada por el gobierno del Frente de Todos es la salida sin declarar en el manifiesto de carga del Hércules, que llevó en noviembre pasado al grupo Alacrán a La Paz, de 70 mil cartuchos con balas de goma y 700 granadas lacrimógenas.

El manifiesto de carga no específica que se trate de pertrechos antitumultos, nunca material bélico como denunció el gobierno boliviano del MAS, sino de “bagayos”. Las balas de goma le costaron al estado “unos 35 mil dólares, aunque en el mercado negro pueden costar el doble”, explicó una fuente.

De esta forma, hasta ahora en la causa, el nivel de responsabilidades judiciales llega hasta el gendarme que firmó el manifestó de carga.

En la causa, por otra parte, “no hay constancia” de que los Alacranes, que llegaron dos días después de la caída de Evo Morales, “hayan disparado un solo tiro” en sus misiones de proteger la embajada en La Paz, a argentinos e incluso a ministros del MAS asilados en ella.

En la causa se encuentra, además, la documentación presentada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que muestra que el actual Gobierno prorrogó en enero y mayo del año pasado el permiso para la salida de las armas de los Alacranes y el material antidisturbio.

Los Alacranes volvieron en julio pasado, cuando la gendarmería dependía ya de la ministra Sabrina Frederic. Según la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, “la responsabilidad del control del regreso del material fue de su sucesora”.

Hasta ahora en la causa de López Biscayart hay solo evidencia documental contra el gendarme que redactó el “manifiesto de carga” del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea que llevó los Alacranes a Bolivia en noviembre del 2019. No se descarta que en el futuro el Gobierno “aporte pruebas más relevantes” que apunten hacia arriba de la escala jerárquica del gobierno de Macri.

Afuera del manifiesto de carga quedaron, entonces, 70 mil municiones antitumulto, 100 spray de Gas Lacrimógeno y casi 600 granadas de gas. El avión de la Fuerza Aérea partió durante la noche del 12 de noviembre de 2019 y aterrizó en Bolivia en la madrugada del 13 en el aeropuerto de El Alto donde bajaron los gendarmes y sus pertrechos.

(AG)