Reparos de Corrientes a una nueva ley ambiental que se debatirá en el Congreso

En el camino federal de la redacción del proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación de Impacto Ambiental, las provincias llegaron a un acuerdo para la conformación de una Agencia Federal Ambiental que habilite las obras interjurisdiccionales. Pero ante las dudas planteadas por Corrientes, suponen que el debate en la Cámara de Diputados se ralentizará.

En las reuniones de la Comisión de Evaluación Ambiental del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) los representantes correntinos ya dieron su rechazo, aunque esperan que esta postura continúe de la mano de los legisladores. La negativa a una agencia federal radica en que las provincias tengan que ceder jurisdicciones en manos de una nueva estructura burocrática y nacional. 

“En el caso del nuevo puente Chaco-Corrientes, tenemos que coincidir las dos jurisdicciones, por qué va a venir la Agencia Federal a analizar el proyecto”, cuestionó el administrador general del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa), Mario Rujana.  

Además de esta provincia, el artículo 22 del proyecto de ley, que propone la conformación de la agencia federal, tuvo la oposición de Jujuy, Mendoza, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. “Necesitamos de una ley de impacto ambiental, pero consideramos que esto va a traer muchas discusiones en el Congreso, porque no creo que todos los legisladores estén de acuerdo con esta incompetencia de cargos”, dijo Rujana en diálogo con el programa radial Futuro Sustentable. 

“Para qué crear una estructura burocrática que no todos los días tiene proyectos interjurisdiccionales. La idea era que se cree una comisión técnica, que no se aprobó”, agregó el funcionario. Rujana insistió en que “todos los análisis de los recursos naturales deben ser analizados en función de cada autoridad provincial” y adelantó una posible tardanza para lograr el consenso general con el proyecto de ley.

Coordinación

En las reuniones del Cofema se trataron los procedimientos o mecanismos de evaluación de impacto ambiental y se discutió acerca de los contenidos mínimos que debe tener un estudio de estas características cuando el proyecto de obra o actividad sea de carácter interjurisdiccional. Es decir, intentan unificar de manera federal las carpetas técnicas que tendrán que presentar junto a los proyectos de obras, y a partir de allí poder determinar el impacto ambiental.

“En Corrientes vimos que hay que evitar el copie y pegue en las carpetas, y apuntar más al plan de gestión ambiental, a que sea una carpeta que diga cómo va a afectar el proyecto a la zona de influencia. Se hizo mucha docencia para que cumplan los privados y el Estado”, destacó Rujana.

En este sentido, la postura planteada por el titular del Icaa indica que la provincia debería conservar la potestad de decidir sobre los cambios en sus recursos naturales.