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/Ellitoral.com.ar/ Ciudad

Procesaron a 59 jóvenes que participaron de la primera megafiesta clandestina

La Justicia correntina formalizó la situación legal de los participantes, imputados en la causa por el encuentro ilegal con 303 invitados, celebrado en agosto del 2020.  

La Justicia de Corrientes correntina ordenó ayer el procesamiento de 59 personas que participaron de una fiesta electrónica ilegal, desbaratada por la policía en la madrugada del 2 de agosto del 2020 . 

El procesamiento fue confirmado a El Litoral por el área de prensa de la fiscalía. 

El encuentro contó con un total de 303 invitados y se constituyó como el primer evento prohibido, multitudinario y de gran magnitud que registró la provincia en el marco de las prohibiciones por la cuarentena. 

El incumplimiento de las normas sanitarias impuestas en la fiesta, realizada en una quinta de la Ruta 43 de acceso a Santa Ana, culminó con el accionar policial. Luego la investigación, a cargo de la fiscal Andrea González, llevó a la identificación de un total de 303 personas que estuvieron involucradas. 

Muchos de los individuos señalados por la infracción a las normas sanitarias admitieron su culpa y aceptaron responder con una reparación integral.

Tras la última ronda de declaraciones indagatorias por videollamada realizadas el jueves 20 de agosto, los procesados deberán ser notificados y podrán apelar la medida judicial durante un breve plazo de días. 

También, mientras dure la instancia probatoria, las 59 personas podrán llegar a acuerdos con la fiscalía o, incluso, acceder a juicios abreviados. En tal caso, deberán reconocerse culpables y acceder a una pena mínima. Tras ese periodo, las causas serán elevadas a juicio.  

En tanto, otros participantes esperan que resuelvan los recursos interpuestos: un grupo planteó nulidad e inconstitucionalidad. 

“De los 303 imputados solo 59 fueron procesados, el resto se acogió a salidas alternativas como reparación integral y suspensión de juicio a prueba y otros estamos con recursos pendientes de resolución ante el Superior Tribunal de Justicia por no abonar el monto estipulado con la fiscalía”, explicó la fiscal a radio Sudamericana. 

La fiesta fue la primera de múltiples eventos ilegales. Los asistentes habían pagado $1.000 cada entrada.

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