En el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Capital y luego del llamado a licitación pública para construir dependencias judiciales en el predio Onabe, desde el Poder Judicial informaron que se requerirá más de 50 personas y que el proyecto a largo plazo contempla el traslado de las oficinas penales al nuevo predio y también la construcción de una alcaldía de tránsito para 24 reos.
Tras la entrega de equipamiento informático a las comisarías y divisiones de seguridad en Capital, El Litoral consultó sobre la entrada en vigencia de la nueva normativa en la ciudad al ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Panseri, quien indicó: “Estamos dando los pasos necesarios para seguir con el curso de capacitación, la selección del personal que va a trabajar en las distintas oficinas judiciales que nos faltan implementar, como así también todo lo relacionado a la interrelación y la conexión de la Policía”.
“En Capital hay que implementar una Ofijus con más de cincuenta personas con sala de debate, que ya salió la licitación. Vamos a ver si podemos comenzar a construir, estamos terminando en Monte Caseros, empezamos a construir en Bella Vista, vamos a empezar en Saladas y espero que dentro de 10 o 15 días comencemos en Capital”.
Las oficinas se van a construir en el predio Onabe, ubicado en Chacabuco y Las Heras (avenida Juan Ramón Vidal 2080) que es un terreno propio del Poder Judicial. “La construcción nos va a llevar entre siete u ocho meses siempre que existan los fondos suficientes para pagar a la empresa. Se proyectan las salas de debate, en una de ellas se va a hacer el juicio por jurado, cuatro salas con dimensiones considerables, dos cámaras de Gesell y todo el área de trabajo de la Ofijus”, detalló Pancieri.
“El proyecto también prevé que en sucesivas construcciones todas las oficinas del sector penal y de los jueces se trasladen al predio. Estimamos que esto se daría antes de fin del año que viene o a principios del 2024. También se construirá una alcaidía de tránsito para 24 reos que no van a dormir en el lugar; es un proyecto grande bastante ambicioso”, prosiguió el magistrado.
Mientras que en relación al llamado a licitación dijo que “son más de dos mil metros con un costo aproximado de 260 millones, más equipamiento mobiliario, audiovisual e informático. Y considerando los plazos, esperemos que antes de mediados del año que viene ya se habiliten las dependencias”. Por último, remarcó que “la implementación del nuevo Código nos va a llevar a comprar una cantidad impresionante de material audiovisual por más de un millón y medio de dólares, con lo que nos falta también en Capital”.
“El futuro financiero y económico es muy importante, por los gastos que tenemos que emprender en los próximos meses y cómo nos encuentra el año que viene”, finalizó.
En tanto, la apertura de sobres de la licitación pública para la construcción de oficinas judiciales en el predio Onabe nro. 9/21 será el martes 5 de octubre a las 10 en el Departamento de Licitaciones y Compras, ubicado en calle Carlos Pellegrini 894.
Se efectuará con la modalidad videoconferencia y/o streaming, por lo que en caso de querer presenciarla, se deberá consultar la página institucional del Poder Judicial, donde oportunamente se publicará el link de acceso.
Los pliegos, que no tienen costo, podrán ser consultados y descargados a través del siguiente link: http://www.juscorrientes.gov.ar/seccion/direccion-general-administracion/licitacion-y-compra-administracion/.
Legislación
El viejo Código está compuesto de 599 artículos; el nuevo tiene 482.
Instaura el proceso acusatorio: el fiscal investiga, el juez juzga (art. 2).
Introduce el “principio de oralidad”. De ahora en más en los procesos judiciales primará la oralidad, sin excluirse la escritura (art 318).
Además, instaura el proceso de flagrancia, que acelera los tiempos de la Justicia; en un mes debe juzgarse la situación del imputado (*) (art. 228, 385, 390).
Justicia en plazo razonable (art 18); plazo máximo de duración del proceso: 3 o 6 años (art. 145). Se fija además la implementación del juicio por jurados (art 307).
Mediante la nueva norma el fiscal podrá eximir a la policía, total o parcialmente, de recibir denuncias, en los lugares en los que tenga disponible una oficina que garantice el derecho a denunciar (art. 275).
Se podrá además promover los juicios abreviados (art 374). Acuerdo entre fiscal e imputado para una acusación que incluya la solicitud de pena, acordada por las partes.
Se podrá usar videoconferencia. En algunos casos las declaraciones podrán realizarse mediante este sistema (art. 326).
El Código Procesal Penal se implementará en los dos años siguientes solo en la cuarta circunscripción judicial, cuya cabecera es Paso de los Libres; recién al tercer año se implementará en toda la provincia (primera disposición transitoria).
