Esta semana será de definiciones. El Gobierno tiene hasta el viernes para decidir qué postura tomará con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese día será el primer vencimiento del año que tendrá la Argentina con el organismo. Se trata de una amortización de capital por más de USD 731 millones.
Hasta el momento y según lo que se conoció de manera oficial a través de la portavoz Gabriela Cerruti, el Gobierno no confirmó si realizará el pago. En medio de unas negociaciones cuyas posiciones se endurecieron en el último tiempo, el tiempo corre y las reservas podrían tener una fuerte retracción, mayor de la que ya viene sufriendo por los coletazos de la volatilidad del mercado de cambios. Pero el panorama se pone aún peor: el 1 de febrero, la Argentina tiene que pagar más de USD 366 millones entre capital e intereses.
Las reservas netas están en el nivel más bajo desde mayo de 2016. El escenario se va tensando a medida que se empantana la negociación con el FMI y se acerca el 22 de marzo, la fecha del compromiso más alto. Además, este mes deben abonarse USD 68 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y USD 17 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf), más otras deudas por USD 45 millones.
Febrero será un poco más aliviado con montos totales por USD 792 millones. USD 372 millones corresponderán al FMI, USD 50 millones al BID, USD 4 millones al Birf, USD 195 millones al Club de París y USD 107 millones a “otros pagos”. La fecha límite para la mayoría de los economistas es marzo: el vencimiento será de USD 3199 millones.
Actualmente, el Gobierno negocia las bases de un acuerdo de facilidades extendidas con el staff del FMI, encabezado por la directora gerente, Kristalina Georgieva. Pero quien definirá finalmente si acepta ese entendimiento es el Directorio Ejecutivo del organismo, integrado por 24 representantes de países miembros, cuyo número de votos está basado en la cuota que cada uno aporta. El país con mayor peso dentro del organismo es Estados Unidos, que cuenta con el 16,5% de los votos totales. En nuestro país, el acuerdo tampoco será automático: deberá ser refrendado por una ley votada por el Congreso, según lo dispone la Ley 27.612, aprobada en febrero de 2021.
Es decir, que aunque se firme un acuerdo habrá que cumplir una serie de pasos que podría evitar el pago de marzo, pero no estarán exentos de incertidumbre que genere saltos cambiarios. Si bien el Banco Central podría afrontar con dificultad los pagos de enero y febrero, no podría suceder lo mismo en marzo.
En 2022 vencen unos USD 19.100 millones en pagos de capital e intereses. Si no se logra un nuevo programa a 10 años con revisión de sobretasas, el Gobierno deberá pagar USD 19.300 millones en 2023 y USD 4.900 millones en 2024.
Si bien no se considera que la Argentina podría caer en default en caso de no efectuar el pago este viernes, si se considerará como un “atraso”, y pone en una situación aún más compleja al gobierno en su capacidad de negociación. El próximo viernes, podría ser histórico -o no- en la Argentina.
(AG)
