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Diputados dio media sanción al Presupuesto provincial 2023 sin el aval de la oposición

En la sesión de ayer el oficialismo hizo valer su mayoría y con 21 votos aprobó la ley de leyes frente a 7 votos de la oposición, que requirió mayor información y consideró que el tratamiento del proyecto fue exprés. 

La Cámara de Diputados ayer otorgó media sanción al proyecto de Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración provincial 2023 por $505.917.400.562,25 sin el acompañamiento de la oposición, que consideró que el tratamiento fue exprés y pidió mayor claridad de las partidas. 

En una jornada atípica, donde los legisladores del oficialismo estaban condicionados por la agenda del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que llegó a la provincia, la sesión de ayer empezó a las 11.05 con la presencia de 28 diputados.

Más allá del orden del día que tuvo tratamiento, el rechazo por parte de la oposición de la incorporación del dictamen de la comisión de Hacienda del proyecto del presupuesto que se firmó ayer, a primera hora, ya anticipó que la ley de leyes sería sancionada solamente por el oficialismo, que desde un principio aseguró su sanción al contar con los números y que se reflejó en los 21 votos que logró el proyecto frente a los 7 votos de la oposición.

Saltando esta instancia, el expediente comenzó a debatirse pasadas las 12, y con los números provinciales y nacionales, los diputados de Corrientes debatieron por casi cuatro horas el proyecto del Presupuesto provincial 2023 por $505.917.400.562,25, cuyo dictamen favorable de la comisión de Hacienda ingresó sobre tablas sin el acompañamiento de la oposición, que pidió más tiempo de análisis para el debate y que finalmente votó en contra del expediente que, a una semana de su ingreso, fue girado al Senado provincial luego de ser aprobado por los legisladores oficialistas.

El miembro informante de la comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos, diputado Norberto Ast, fue quien explicó punto por punto el proyecto enviado hace una semana por el gobernador Gustavo Valdés, y destacó los incrementos en los rubros Salud (135 %); Educación (154 %); Seguridad (139 %); Instituto de Previsión Social (132 %); un 129 % en los puntos coparticipables a los municipios, entre otros rubros.

Sobre el aval de créditos que solicita el Gobierno provincial, Ast destacó que el  nivel de endeudamiento provincial “es por demás bajo”.  “Hay una ley de responsabilidad fiscal que establece que las provincias no pueden superar su endeudamiento en un  15 % en relación al presupuesto. Corrientes tiene el 2,49 % de su presupuesto equivalente en deudas. Estamos casi a cero”, afirmó.

También habló de la fuerte apuesta del Gobierno provincial en educación y en la política salarial frente a la inflación, entre otros puntos.

Oficialismo

Durante el debate, los legisladores del oficialismo hablaron de la necesidad de contar con las políticas macroeconómicas para avanzar con el presupuesto, a la vez que también atacaron el porcentaje de inflación que proyecta el Gobierno nacional, como lo hizo la diputada Lorena Lazaroff (PRO), quien calificó de “farsa” el 60 por ciento de inflación que estima el Gobierno nacional para el año que viene. Habló de que la inflación será superior al 100 por ciento. “Esto es una prueba más del relato K o del Frente de Todos que, gracias a Dios, empieza su decadencia”.

Se destacó que el presupuesto apunta a la previsibilidad. “Porque tampoco sabemos qué va a pasar el año que viene. Con este Gobierno nacional que nos decía que el año que viene íbamos a tener una inflación del 33 por ciento y hoy tenemos del 100 por ciento, hay que ver qué vamos a tener el año que viene. Seamos previsibles”, dijo el diputado Javier Sáez (PP).

La legisladora Ana Pereyra (PL) apeló a votar por unanimidad el presupuesto, “para poder trabajar”. 

Destacó que, ante la inflación, el Gobierno provincial mantiene “en cierta burbuja a la provincia haciendo lo contrario de lo que hace la Nación, dándole seguridad jurídica, tratando de que vengan los empresarios que se instalen en los parques industriales, que vienen a instalarse por las desgravaciones impositivas”. 

Los legisladores del oficialismo destacaron en todo momento los incrementos de las partidas para las diferentes áreas que proyecta el Gobierno provincial, pero no por eso dejaron de hacer aclaraciones sobre las deudas heredadas, lo que desencadenó un intercambio de acusaciones entre unos y otros, y también comparaciones con la premisa de discriminación y la falta de federalismo al analizar el presupuesto local frente al nacional.   

Oposición

Durante el tratamiento, los legisladores de la oposición cuestionaron el tratamiento exprés del proyecto, porque aseguraron carecer de información de los programas y acciones que implican algunas partidas presupuestarias.

“La proyección de los números es tramposa o se peca de trampa o de apuro”, dijo el diputado Germán Braillard Poccard (FR).

La diputada María Belén Martino (PJ) coincidió con sus pares de su bloque en que hubo un “tratamiento acelerado”. “Es una irresponsabilidad muy grande. Sería como votar a libro cerrado”, remarcó, para luego considerar como “insuficiente la visita del ministro de Hacienda (por Marcelo Rivas Piasentini)”, que el martes mantuvo una reunión con diputados y senadores y brindó datos de los números.

Más allá de los cuestionamientos por la falta de claridad de las partidas, como también reclamó el diputado Marcos Otaño (PJ), quien detalló las asignaciones de cada área para resaltar la faltante de información, como por ejemplo cuando señaló que “en un renglón dice becas y salarios de la administración por 41 millones de pesos”; la diputada Martino, por su parte, pidió mayor claridad sobre las partidas presupuestarias con perspectiva de género y diversidad.

“Ocuparnos de un presupuesto con perspectiva de género, es decir que desde el Ministerio Social se aplicaron estos programas, qué podemos hacer para mejorar, hay acceso a viviendas para las madres solteras violentadas, en salud estamos haciendo con las niñas que llegan violadas. Eso es tener un presupuesto con perspectivas de género”, dijo.

A este reclamo también se sumó su par de bancada, la diputada Alicia Meixner (PJ), quien aclaró que lo que se reclama no es un tiempo para estudiar, sino que “faltó más tiempo de diálogo con los distintos ministerios”.

Se quejó por el envío tardío del presupuesto, se refirió al presupuesto nacional, que fue ampliamente debatido, cuestionado y modificado inclusive. “Acá parece que no le podemos modificar una coma porque es un problema provincial gravísimo”, chicaneó. 

Enumeró las dudas del bloque sobre el presupuesto e insistió, entre otros puntos,  en la necesidad de la explicación sobre los 535 millones de pesos que implica el concepto del presupuesto sobre el control de ausentismo, programa precio correntino que implica 17 millones de pesos. 

A su turno, el legislador Miguel Arias (PJ) también se sumó a los reclamos de sus pares en cuanto a la política salarial, la política sanitaria y la habitacional, entre otros puntos. También remarcó la necesidad de crear un ministerio de ambiente en la provincia.

Cuestionó el tratamiento rápido del expediente y aseguró que es un presupuesto “escueto” y aclaró que no pueden acompañar la aprobación de la ley por “una cuestión de respeto a nuestros intendentes, al Poder Judicial, a nosotros como oposición, que no hemos sido convocados nunca a debatir o a formar parte de las ideas generadoras”. 

Finalmente, el Presupuesto provincial 2023 se aprobó con 21 votos positivos del oficialismo y 7 negativos de la oposición. Ahora el expediente pasó al Senado. 

Al cierre, el presidente Pedro Cassani ponderó el largo debate “enriquecedor” y con el debido respeto entre las distintas bancadas. “Me parece que este largo debate que tuvimos permite al ciudadano correntino concebir cuál es la visión que tienen los dirigentes políticos en la provincia, y en función de eso tendrán un norte para el año que viene elegir a sus representantes”. 

Proyecto

El Presupuesto 2023 establece $2.000.000.000 como importe máximo de colocación de Bonos de Consolidación para la cancelación voluntaria de obligaciones bajo las normas de dicho régimen.

Solicita autorización para realizar operaciones de crédito público interno o externo por hasta la suma de $15.000.000.000. También pide el aval para poder emitir Letras de Tesorería hasta un monto de $1.000.000.000.

Para el Poder Legislativo se destinarán $10.499.673.417; a Seguridad $52.470.308.559,00; al Ministerio de Hacienda y Finanzas $163.818.290.117,2; a Educación $138.584.597.593,00; a Salud Pública $57.743.743.219,72; a Producción $5.694.519.535,00; a 

Obras y Servicios Públicos: $12.261.500.828,00; a la Secretaria General de Gobernación  $6.546.761.938,00; al Tribunal de Cuentas $1.051.133.153,00; 

a la Fiscalía de Estado $654.833.128,00; a Ciencia y Tecnología $141.027.262,00; a Coordinación y Planificación $1.247.783.493,00; a Desarrollo Social $11.900.057.463,00; 

al Ministerio de Justicia $1.913.918.499,00; a Industria y Trabajo $1.913.918.499,00; a Turismo $1.757.393.415,00.

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