La causa que investiga el escrache a Cristina Kirchner, con afiches que la tildaban de “asesina” por la falta de vacunas, sigue saltando de juzgado en juzgado. En las últimas horas, el juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente y pidió que intervenga la Corte Suprema.
La pegatina contra la vicepresidenta ya pasó por tres juzgados. Una de las denuncias le tocó a Casanello, pero rápidamente sostuvo que no era competencia de la justicia federal. Entonces avanzaron otras dos causas en la justicia porteña y en la justicia penal ordinaria.
A fines de agosto, luego de que Cristina Kirchner pidió ser querellante, el juez Manuel De Campos, que sólo se había concentrado sobre la pista de una “jubilada” de Recoleta, también se declaró incompetente, por lo que intervino la Cámara Criminal y Correccional.
Ese tribunal sostuvo esta semana que la causa debe investigarse en Comodoro Py. “Los sucesos pesquisados se vinculan con el entorpecimiento del ejercicio de la función de la querellante”, dijo la sala VII.
Cuando la investigación parecía encaminarse, Casanello otra vez rechazó la causa. “Habré de mantener el criterio oportunamente sostenido en cuanto a la incompetencia de este Juzgado en razón de la materia respecto de los hechos aquí investigados y, en consecuencia, trabar contienda y remitir el correspondiente incidente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva el caso”, sostuvo el juez en una breve resolución. Mientras tanto, la causa quedará en manos de la fiscal federal Alejandra Mangano.
La decisión no cayó bien cerca de la vice. “Cuando no le arman causas para perseguirla y es víctima le deniegan justicia”, se quejó anoche el diputado Leopoldo Moreau.
Los afiches contra Cristina Kirchner aparecieron en distintas avenidas de la Ciudad en la madrugada del 28 de marzo. La acusaban de “asesina” y de ser “culpable de 35.000 muertes”. Rápidamente, el presidente Alberto Fernández salió a condenar el “escrache” en sus redes sociales y se abrieron tres causas judiciales. Aunque pasaron más de siete meses, todavía no se pudo determinar quién fue el autor ideológico.
La causa que tramitaba en la justicia penal ordinaria, iniciada a partir de una denuncia de Enrique “Pepe” Albistur, el publicista amigo de Alberto Fernández, tuvo escasos avances. No se llegó a peritar el teléfono ni la computadora aportada por Lilian Melhem (61), la mujer de Recoleta acusada de haber pagado los afiches. Tampoco se pidió información sobre el mail que utilizaba la misteriosa mujer que se comunicaba con la imprenta.
El juez De Campos rechazó en varias oportunidades indagar a Melhem y se negó a ordenar varias medidas de prueba que le había solicitando de manera insistente el fiscal Leonel Gómez Barbella.
(JML)
