Con el propósito de contener la presión de las huestes oficialistas y acallar las críticas opositoras en la Cámara de Diputados por el fuerte ajuste que se proponía ejecutar el año próximo, el ministro de Economía, Sergio Massa, accedió a aumentar el gasto original previsto en el proyecto de presupuesto 2023 en $567.700 millones (0,4 PBI).
Sin embargo, pese a los refuerzos que se incorporaron, se mantiene la tónica del ajuste y las partidas sociales más sensibles tendrán importantes recortes respecto de este año.
Ello se desprende de un informe que elaboró la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre la media sanción del presupuesto 2023 que por estos días discute el Senado. Allí da cuenta que este refuerzo por poco más de medio billón de pesos que se añade al presupuesto original no modifica el nivel de gasto total establecido en el proyecto —que va en línea con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional— sino que provendría de la reasignación de otras partidas. Desde Economía ratifican que, en efecto, no se aumentará el techo del gasto y que los refuerzos procederían de la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro, una caja —millonaria, por cierto— destinada a transferencias varias al sector público y privado.
Esto no es nuevo: todos los presupuestos que pasan por el Congreso contienen cláusulas que habilitan al jefe de Gabinete a reasignar partidas a lo largo del ejercicio. Lo sintomático del presupuesto 2023 es que si bien las partidas destinadas a las políticas alimentarias, educación y seguridad social se verán reforzadas en poco más de $327.000 millones, este alivio no alcanzará para empardar la inflación promedio que se calcula para el año próximo (76,1 %). En síntesis, tendrán caídas en términos reales, justamente en un año electoral.
El informe de la OPC focaliza su análisis por política transversal: niñez y adolescencia (NNA); personas con discapacidad; ambiente sostenible y cambio climático e igualdad de género. Las dos primeras anuncian fuertes recortes para 2023 pese a los fondos extra recibidos.
“Las políticas transversales sobre niñez y adolescencia son las que recibirían mayor cantidad de recursos totalizando $241.413 millones adicionales. Los incrementos previstos permitirían reducir la variación negativa de 11,7 % exhibida en el proyecto original, pero el gasto NNA continuaría presentando una variación real negativa del 4 % año contra año”, advierte.
¿Dónde se observan esas caídas? Básicamente en dos jurisdicciones: Anses (a cargo de las asignaciones familiares) y el Ministerio de Desarrollo Social, una de cuyas misiones es atender las urgencias alimentarias. “En el caso de la Anses, el refuerzo a las asignaciones familiares a activos no alcanzaría para mantener los valores percibidos durante 2022, mostrando éstas una reducción del 18,3 % en términos reales”, señala la OPC.
(EN)
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