La decisión del Gobierno de entregarles de manera discrecional el 30% de la obra pública de hasta $300 millones a los movimientos sociales oficialistas, cuyos lídres además armarán el padrón de beneficiarios por sus cargos en el Poder Ejecutivo Nacional, provocó rechazos y suspicacias en la oposición, en un sector de la CGT y dentro de las propias organizaciones populares ligadas al kirchnerismo -que observan con desconfianza a Emilio Pérsico, secretario de la Economía Social y líder del Movimiento Evita. También elevaron la voz empresarios del sector y piqueteros de izquierda.
La discrecionalidad de la medida está enmarcada en el hecho de que, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social no está confeccionada la lista de cooperativas de la economía popular con capacidad e idoneidad para realizar tareas de construcción de viviendas, tendidos de agua, red cloacal, y otro tipo de actividades que comprenden las obras públicas de hasta el monto impuesto por el artículo cuarto del decreto 728. Por lo tanto, las partidas serán asignadas sin un criterio preestablecido.
El diputado por el PRO Luciano Laspina fue uno de los primeros integrantes de la oposición en cuestionar la medida al considerar que el decreto 728 “es una carta de rendición” ante la extorsión de las “organizaciones sociales” del Frente de Todos.
(FB)
