El fiscal federal Carlos Rivolo pidió ayer enviar a juicio a diez procesados por “daño agravado” y “resistencia a funcionarios públicos” en la causa por el ataque contra el Congreso de la Nación, perpetrado el 10 de marzo pasado, cuando el Parlamento debatía el aval al acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Entonces, dio por concluida la investigación y solicitó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que envíe el caso a sorteo de un Tribunal oral, indicaron los voceros judiciales. La Presidencia del Senado es querellante en esta causa, a partir de que el despacho de la Vicepresidenta en la Cámara alta fue blanco de piedrazos e impactos de pintura, en un atentado que también causó destrozos en el interior de esa oficina.
En la causa que tramita ante el fuero federal se investiga el ataque al Congreso bajo el supuesto de que el objetivo de la pedrada pudo haber sido el de interrumpir el funcionamiento de un poder del Estado (el Legislativo).
En tanto, el juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 23 de la Ciudad de Buenos Aires tramita otro expediente en el que se investiga lo que ocurrió fuera del Congreso pero bajo el prisma de los daños provocados al patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires y los enfrentamientos con la policía porteña. Varios de los diez acusados habían sido procesados por Capuchetti en abril último, por intimidación pública y daño calificado, en una decisión que fue confirmada por la Cámara Federal porteña.
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