El Gobierno de Alberto Fernández se sumó a un inesperado comunicado conjunto con Andrés Manuel López Obrador, de México; Gustavo Petro, de Colombia; y Luis Arce, de Bolivia, en el que expresaron su “profunda preocupación por la remoción y detención” del ahora expresidente peruano, Pedro Castillo. Y de manera enrevesada pidieron su restitución al poder, en contra de lo que decidió el Congreso peruano a partir del auto golpe dado por el exmandatario.
De esta manera, Fernández, cuya cancillería había criticado primero a Castillo por alterar el “orden constitucional” se suma a la polémica línea de los presidentes que no cuestionaron a Castillo por el ilegal cierre del Congreso y pretender gobernar por decreto. Más aún, lo defendieron.
Amlo habló de “golpe blando” contra Castillo. Petro, de “golpe parlamentario” contra Castillo. Arce lamentó los “constante hostigamiento de élites contra Gobiernos progresistas”.
La semana pasada, tras el fallido autogolpe que dio Castillo —ahora detenido y con pedido de asilo a México—, el ministro Santiago Cafiero publicó el siguiente mensaje, que también fue leído ante el Consejo Permanente de la OEA: “Argentina lamenta y expresa su profunda preocupación por la crisis política que atraviesa la hermana República del Perú”.