Por Carlos Lezcano
Especial para El Litoral
Lograr la reforma y la implementación de los códigos de procedimientos Civil y Comercial, de Familia y Penal llevo tiempo en Corrientes, tal vez más de lo necesario. El proceso se inició con el proyecto propuesto de la Universidad Nacional del Nordeste en 2004. No prosperó, pero inició una etapa que permitió reflexionar sobre la necesidad de la reforma de ese y otros códigos procesales.
Luz Gabriela Masferrer es presidenta del Colegio de Magistrados de Corrientes y analiza en esta entrevista con El Litoral cómo ven desde la institución este camino no exento de inconvenientes en la implementación de los códigos, problemáticas tales como la falta de nuevos jueces, fiscales y defensores, el paso del papel al expediente digital, las capacitaciones para todo el personal y las cuestiones presupuestarias en el funcionamiento del poder Judicial dentro del sistema republicano de gobierno.
El cambio de procedimiento entraña un cambio en el servicio de justicia cuyo objetivo es estar más cerca de los ciudadanos con respuestas ágiles para lo cual es importante apoyar el trabajo cotidiano de los protagonistas centrales del sistema que son los funcionarios de los distintos niveles y responsabilidades.
La mudanza de un procedimiento a otro implica en la práctica la convivencia de lo nuevo con lo antiguo. En los procesos como este suelen mezclarse los cambios planteados con la persistencia de ciertas formas que no pueden ser modificadas sólo por la puesta en vigencia de lo novedoso. La complejidad de los cambios está relacionada con las posibilidades reales de llevarlo a cabo con éxito. Esta situación plantea inconvenientes y carencias, pero a la vez crea la posibilidad de tomar las decisiones adecuadas. El futuro, como todo horizonte, está preñado de incertidumbres, ante lo cual es bueno advertir que la situación permite a los poderes e instituciones republicanas tender puentes de cooperación que redunden en mejores resultados. Esos puentes se traducen en consensos, pero también diferencias de apreciación, prueba de la vitalidad de la república que florece allí donde las opiniones son respetadas. En este contexto la opinión del Colegio de Magistrados no sólo es pertinente sino necesaria.
—¿Cuándo y porqué se plantean las reformas de los códigos procesales?
—Se plantean por la necesidad de dar mayor celeridad al servicio de justicia; es decir, una respuesta a la ciudadanía que sea, más próxima, que logre una mayor cercanía, inmediatez. Que los operadores judiciales estén más cerca de los justiciables.
Desde hace un tiempo, todo el Derecho Procesal viene trabajando para acortar los plazos y lograr mayor inmediatez entre los operadores y las personas y así dar cumplimiento a las nuevas concepciones internacionales propias de los tratados de derechos humanos, que exigen que las decisiones judiciales se dictan en un plazo razonable.
En Corrientes, como en todas las provincias del país, se comenzó a trabajar primero en el Código Procesal Penal con el objetivo de pasar del sistema que denominan mixto al sistema acusatorio, como fueron adaptando en su mayoría las otras provincias. Recordemos que nosotros no participamos en este último Código Procesal Penal porque salió directamente de la legislatura y de una comisión ad hoc que se creó, pero desde el Colegio se trabajó mucho en años anteriores, en proyectos similares y en la capacitación de los operadores judiciales sobre el nuevo sistema.
—¿Por qué fue tan importante hacerlo?
—Porque da respuestas más rápidas. Porque el justiciable no puede esperar mucho tiempo la decisión de la justicia, necesita una resolución que no se demore en el tiempo. Es necesario que tengamos la decisión en un plazo razonable y también en el tema Procesal Penal (si bien no es mi especialidad) que se hacía necesaria la participación de la víctima dentro del proceso, que el proceso anterior no la tenía. Con el nuevo Código se cambia básicamente el rol del juez y se da mayores facultades de investigación a los fiscales.
—¿Y en el Civil y Comercial qué había que actualizar?
—Lo mismo. Es decir, era necesario tener la decisión antes, una decisión más próxima. Acortar los plazos procesales beneficia al servicio de justicia porque justamente, la decisión llega más rápido. En el Procesal Civil eso se buscó a través de la oralidad e insisto fue también la inmediatez con el justiciable, porque el juez al tomar la audiencia toma contacto directo con las partes, ya no a través del abogado. Porque hasta ahora siempre el abogado era el que intermediaba entre el juez y las partes, y lo hacía siempre a través de un escrito. El sistema escrito te hace tomar distancia y esa distancia es la que queremos acortar.
Además, el juez está presente en las audiencias. Esa oralidad también va a permitir acercar a las partes, a veces, llegar a una conciliación, cosa que en el sistema escrito no era tan factible. También se buscó profundizar el principio de concentración de los actos procesales; es decir, que antes se producían las pruebas individualmente y eso llevaba mucho tiempo. Ahora se trata de concentrar en una sola audiencia la producción de todas las pruebas a la vista de todas las partes y, de esa manera, el proceso se acorta y se tiene antes la decisión.
—¿También en los temas de familia?
—Sí, por supuesto. Era necesario que se tuvieran normas procesales especiales para la materia de familia. Es una conflictividad especial, donde es muy importante el rol del juez durante todo el proceso y la oralidad contribuye mucho a comprender el conflicto en cada situación, ya que cada caso tiene sus particularidades, no se pueden estandarizar estas decisiones.
—¿Cómo fue la implementación en el caso del Penal y en los otros códigos?
—El Procesal Penal comenzó por las circunscripciones judiciales -la cuarta, tercera, segunda, quinta y ahora, la primera- todo, en el plazo de dos años, y se hizo en plena pandemia. O sea, que fue gradual, siguiendo las circunscripciones. En el caso del Procesal Civil, se puso en vigencia en toda la provincia simultáneamente y cumplió un año de vigencia el 1 de diciembre. Eso trajo algunos inconvenientes. El código está adaptado para el uso de las nuevas tecnologías, y eso es una ventaja. Por ejemplo, antes se libraba una cédula, eso era un tiempo muerto del expediente, porque hasta que se firmaba la cédula, se llevaba a diligenciar, se devolvía diligenciada, a veces no se encontraban los domicilios y había que volver a diligenciar. Eso llevó mucho tiempo del proceso. Ahora el código establece la posibilidad de que las notificaciones se hagan por vía electrónica; entonces se acortaron mucho esos tiempos. Pasa que hay que realizar ciertas modificaciones y adaptaciones del sistema informático para dar la respuesta correcta con estos temas y sobre todo con el funcionamiento del expediente digital.
—¿Eso tiene que ver con las tecnologías únicamente o con las capacitaciones del personal?
—Con ambas cosas, pero con respecto al sistema informático, necesitamos desarrollar la tecnología para que pueda funcionar un expediente digital como tal. Es verdad que estamos en pleno desarrollo del sistema, pero al no tenerlo nos lleva un gran esfuerzo en el plantel de los operadores, de los empleados, secretarios y jueces y demás, para llevar adelante las actuaciones.
—¿Esta etapa intermedia significa que todavía hay papel que convive con lo digital?
—Al cambio de los códigos tenemos que agregarle que a partir de marzo de este año se dispuso la despapelización. Por lo tanto, estamos adaptándonos con los códigos nuevos, nuevas reglas, vamos camino a adaptarnos a un sistema informático que no está del todo acorde todavía y además tenemos que prescindir del papel. Son muchas modificaciones juntas, que nos requiere un doble esfuerzo para seguir dando la respuesta a los abogados y a los justiciables.
—¿Cómo un documento digital hace fe?
—A través de distintos acuerdos del Superior Tribunal se fueron fijando pautas sobre eso, sobre todo para dar certeza a las presentaciones de los abogados y a la documentación. Se dispuso, por ejemplo, que ya no hace falta llevar las documentales y dejarlas en el juzgado. Es decir, el abogado tiene que escanear la documental y presentar el PDF, es decir el archivo escaneado de la documental que él guarda y lleva a la audiencia para exhibirla al juez y a la otra parte. Es otra forma de trabajar. Se va a poder dar fe de la existencia de los documentos, pero de otra manera y también con agilidad para el trámite.
—¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la implementación de estos nuevos códigos para funcionarios judiciales?
—Tiene la oralidad, tiene la concentración de los actos procesales, tiene la posibilidad de las notificaciones electrónicas y de las presentaciones electrónicas que hacen los abogados. El tema es que al llevar a la práctica a veces falta un sistema informático adecuado que permita tener un expediente digital, que todavía no tenemos. Muchas veces en las presentaciones, las actuaciones judiciales y las notificaciones tiene que intervenir de una manera muy activa el operador judicial, eso creo que con el tiempo y en la medida que tengamos el sistema informático adecuado va a funcionar con mayor rapidez y se van a poder ver las ventajas de la celeridad de la Justicia.
Para que eso pase, además, necesitamos tener más cargos judiciales, pero más cargos judiciales en los puestos de decisión, porque si un código que es la herramienta procesal tiene como norte fundamental la oralidad y exige la presencia del juez indefectiblemente en la audiencia, entonces, vamos a poder tomar tantas audiencias como tantos jueces tengamos. Y si implementamos con la misma cantidad de jueces que tenemos hoy, no va a ser una oralidad óptima porque el tiempo de las personas es finito y uno no puede duplicarse.
—¿Se torna imposible en la práctica?
—Claro, en la práctica se hace cuesta arriba, porque aparte de tener todo proveído el despacho del trámite de las causas, hay que tomar las audiencias y hay que dictar la sentencia. Y siempre se hace un cuello de botella. Si tuviéramos más jueces, podríamos dar mayor respuesta en menos tiempo.
—¿Solamente más jueces o también fiscales y defensores?
—Por supuesto, también fiscales y defensores; en todos los puestos decisorios (de investigación, de defensa y de juicio) necesitamos más cargos. Nosotros habíamos presentado un proyecto de desdoblamiento de juzgados civiles, porque los juzgados funcionan hoy en día con dos secretarías. Veíamos como posible que sobre cada secretaria se formara un juzgado y que entonces estos dos jueces pudieran tomar audiencias simultáneamente. Eso sería algo que favorece mucho a la celeridad.
—¿Este volumen condiciona la justicia?
—Todos los jueces están condicionados por el tiempo material. En este momento se tienen todas las causas que venían tramitando con el código viejo, con el papel, con ese proceso lento y ahora hay que acortarlo según el nuevo Código, pero es siempre escaso el recurso humano decisorio, sobre todo en lo Civil y Comercial y en el de familia.
—¿Es un momento crítico donde se manifiestan estos problemas?
—Así es. Ya hace bastante tiempo vemos la necesidad de tener más juzgados en todos los fueros. Ahora se nota más el problema porque el juez tiene que tener un rol mucho más activo dentro del Proceso Civil y Comercial y del proceso de familia que le exige su presencia indefectiblemente.
—¿Esto lo manifiestan institucionalmente desde el Colegio de Magistrados?
—Si, hemos hecho presentaciones institucionales por ejemplo en el tema del desdoblamiento de juzgados elevamos una propuesta al Superior Tribunal en 2018, pero no tuvimos gran éxito, también lo habíamos presentado a la Legislatura. Seguimos insistiendo siempre con la idea, porque nos parece que dentro de nuestra escasez presupuestaria esta idea no implica la creación de un juzgado completo con 15 personas; porque ya están designadas personas que, además, saben de su trabajo, están capacitadas y tienen experiencia. Es decir, se trata de colocar uno más en el puesto de decisión. Siempre nos pareció que esto sería una ventaja, poder contar con las unidades judiciales más pequeñas donde el juez trabaje con menos cantidad de casos. Porque la cantidad de expedientes también conspira contra todo el funcionamiento.
—¿Cuál es el otro tema central para la Justicia para el 2023?
—Bueno, si bien no es mi área, pero en la parte Penal por supuesto van a hacer falta más fiscales para llevar adelante las investigaciones y sobre todo los equipos que colaboren en la investigación. Y tiene mucho que ver el recurso informático y la capacitación de estas personas, porque, por ejemplo, ahora tenemos delitos informáticos que tienen una gran complejidad. Hay por delante un nuevo horizonte de temas que tienen que ser tratados con la especialidad necesaria.
—¿Con más peritos, con más recursos?
—Con todos los recursos. Por eso desde hace años ya con la Federación Argentina de la Magistratura, venimos proponiendo cursos de capacitación en estos temas de delitos informáticos, siempre promovemos que nuestros operadores judiciales se capaciten y que estén a tono con estas nuevas exigencias del servicio de justicia. Va a ser necesario reforzar el recurso humano del Poder Judicial y sobre todo en los puestos decisorios, los puestos de investigación, los fiscales, también los defensores, porque gran parte de nuestros justiciables recurren al Defensor Oficial para hacer valer sus derechos. Entonces, tenemos que reforzar también esos planteles para que se puedan ejercer los derechos de los ciudadanos. También se necesitan equipos en las defensorías para colaborar en la búsqueda de las pruebas.
—¿Cuál es la situación de los Juzgados Civiles?
—En los Civiles se trabaja diferente por la intervención de los abogados; entonces, las pruebas las aportan los abogados que son quienes se ocupan de encontrarlas y traerlas para formar la convicción del juez, no así en la parte Penal donde el fiscal es el que tiene a su cargo toda la investigación y todo este tema probatorio, tanto el fiscal como el defensor.
—¿Y ahí también hacen falta recursos?
—Hacen falta esos equipos que asistan, que colaboren permanentemente con ese saber especial para recolectar las pruebas, para interpretar los datos, para asistir al fiscal en toda la investigación.
—¿Cómo ven el tema presupuestario e inflacionario en relación al funcionamiento del Poder Judicial?
—Con respecto al presupuesto, sabemos que el Superior Tribunal proyectó una suma que fue reducida por el Ejecutivo y terminó siendo aprobada por el Legislativo. Según pudimos ver, esa suma habría sido destinada, justamente, para cargos judiciales que no los vamos a tener, evidentemente, porque al recortarse ese presupuesto otra vez estamos en la misma situación, y en este momento con el gran desafío que es implementar códigos nuevos.
Desde el Colegio siempre marcamos las necesidades que tenemos y hacemos ver los pocos recursos con los que contamos, porque la escasez de recursos humanos en ciertos puestos es evidente. Por ejemplo, en Corrientes Capital los últimos juzgados Civiles se crearon en el 92, es decir, hace treinta años y ahí llegamos a ser trece, un número reducido si nos comparamos con otras provincias y si consideramos el crecimiento de la población. Tuvimos los dos primeros juzgados de familia porque dos de esos juzgados civiles pasaron a ser de familia, y mucho después recién se creó el tercero, junto con otro juzgado de menores; y si hoy contamos con seis juzgados de niñez, adolescencia y familia es por reconversión de éstos y de los dos juzgados de menores ya existentes, no por creación de nuevas unidades judiciales decisorias. En materia penal, otro tanto, ya que los seis juzgados de instrucción existentes desde la década del setenta, sumados a los dos juzgados correccionales, hacen hoy los ocho jueces de garantía que llevarán adelante las innovaciones procesales y también la conclusión de causas originadas en el anterior sistema. Y el interior no escapa a esta situación. Tenemos lugares donde hay sólo un juez que tiene toda la competencia civil, comercial, laboral, de familia, es lo que llamamos multifueros; y lugares donde hay un solo fiscal, y hablo de ciudades grandes. Es evidente que todo esto lleva a una sobrecarga de tareas y al desgaste en las personas que están a cargo de esos puestos de trabajo.
—¿Cómo están los Juzgados de Paz?
—Hubo una política del Superior Tribunal desde hace algunos años, de revalorizarlos en materia edilicia, con edificios más o menos de las mismas características en todas las localidades.
Algunos de ellos fueron transformados en Juzgados Civiles según la zona; por ejemplo, en Santa Rosa, Empedrado, Mocoretá, San Luis del Palmar, pero falta dotarlos de más personal a estos juzgados transformados en Civiles y Comerciales, porque van a entender en toda la complejidad del fuero y recordemos que el Juzgado de Paz tiene nada más que un secretario y dos escribientes.
—Y ahora suman otra función.
—Y ahora tiene ampliada la competencia, tiene la competencia propia de los juzgados de paz y además la civil y comercial, por lo tanto, tiene más expedientes que resolver y conflictos más complejos. También tenemos la realidad del juzgado de paz barrial de Capital, al que se le asignó una gran cantidad de barrios bajo su competencia, barrios que son populosos, con mucha conflictividad, y a su vez trabajan con un muy reducido el plantel de personal y de secretarios, lo que dificulta poder hacer frente al servicio de justicia de manera rápida.
—En el sistema republicano se producen relaciones tensas entre los poderes, ¿cómo se viven esas relaciones con Poder Ejecutivo y con el Legislativo.
—Desde el año pasado tomamos una posición más activa para relacionarnos, no solo con el Superior Tribunal con el que siempre estuvimos comunicados, sino también con el Gobierno y con las dos cámaras del Poder Legislativo a los que planteamos algunas inquietudes y la versión que tenemos de las necesidades del servicio de Justicia desde nuestro quehacer diario. Fuimos bien recibidos y quedamos en contacto permanente, abiertos al diálogo. También fuimos convocados como Colegio a tener una participación institucional para la redacción de los Códigos Procesal Civil y Comercial y Procesal de Familia. Trabajamos mucho y de manera seria con los legisladores y vimos compromiso de parte de ellos en que esto saliera lo mejor posible. En esas conversaciones pusimos énfasis en la idea de que el sistema republicano debe ser sostenido por los tres poderes del Estado, eso es algo que todos tenemos que tomar conciencia.
Le dijimos a los legisladores “para tener República, tenemos que tener un Poder Judicial eficiente e independiente y eso es responsabilidad de los tres poderes”. Es decir, todos tenemos que fortalecer al Poder Judicial y esperamos seguir profundizando ese diálogo porque es la clave del buen funcionamiento de la República.
