La responsabilidad penal por el viaje a Lago Escondido de jueces, fiscales, empresarios de medios y ex agentes de inteligencia “debe llegar hasta las empresas involucradas”, planteó ayer a Télam el diputado Leopoldo Moreau, y recordó que la ley 27.401 establece qué figuras delictivas deberían aplicarse a las personas jurídicas ante hechos como el investigado por el Juzgado Federal de Bariloche.
El legislador del Frente de Todos señaló a las empresas Telecom, Clarín y Hidden Lake S.A. (Lago Escondido) como pasibles de una investigación por los supuestos delitos de “cohecho y tráfico de influencias” a partir de su participación -directa o indirecta- en la organización de la excursión VIP al sur del país.
La ley 27.401 establece el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, y “prevé sanciones que van desde la suspensión de actividades de 2 a 10 años a la quita de beneficios estatales como la publicidad oficial, y las penas se agravan son permisionarias de servicios públicos”, detalló Moreau.
El diputado pidió además la ampliación de la denuncia en el expediente que encabeza la jueza federal subrogante de Bariloche Silvina Domínguez y que investiga la posible comisión de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y aceptación de dádivas”.
En diálogo con esta agencia, Moreau consideró que tanto el viaje a Lago Escondido como los mensajes intercambiados por los participantes del vuelo “son la confirmación de lo que presumíamos y sabíamos, la existencia de una mafia mediático-judicial que está operando en el país hace muchos años”. Aseguró, a su vez, que esa “mafia” cumple “un doble rol”, pues, por un lado, “tiene un papel fundamental en la persecución al movimiento popular argentino y sus dirigentes más destacados” y, por otro, “desde 2019 cumple una tarea relevante en garantizar la impunidad respecto a las irregularidades institucionales y económicas que se cometieron durante el macrismo”.
Para Moreau, el viaje y los mensajes filtrados de los grupos de Telegram que crearon los viajeros “muestran impúdicamente cómo jueces y fiscales intercambian favores con un Grupo (empresario) cuyas actividades trascienden los medios de comunicación y abarca un monopolio en materia telefónica, de base de datos, de prestación del servicio de internet y de plataformas”.
En la causa están imputados los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; el fiscal general de CABA, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro; el ex agente de la AFI Leonardo Bergroth; el empresario Tomás Reinke y los directivos del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo.
(EN)
