Dieron asilo diplomático a una exfuncionaria de Correa condenada por corrupción

Con el aval del presidente Alberto Fernández, el Gobierno concedió el asilo diplomático a María de los Ángeles Duarte Pesantes, una exministra del gobierno de Rafael Correa sobre la que pesa una condena con sentencia firme a ocho años de prisión por hechos de corrupción.

Anoche, la Cancillería envió una carta a la embajada de Ecuador en Buenos Aires con los argumentos para conceder ese derecho. Duarte Pesantes vive desde el 12 de agosto de 2020 en la residencia oficial en Quito, junto a su hijo de once años y de padre argentino, en carácter de huésped por razones humanitarias. Con la notificación formal, será considerada como asilada diplomática.

Uno de los motivos para otorgar ese estatus, según indicaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, se funda en que el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados “ha expresado su preocupación vinculada a vulneraciones al debido proceso y a otras garantías judiciales” en el procedimiento que culminó en la sentencia contra Duarte.

Además, el escrito de Cancillería sostiene que la decisión está encuadrada en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Y que, de esa manera, el Gobierno procede con “apego al derecho internacional y su disposición a recurrir a los medios de solución de controversias disponibles en ese orden jurídico”, indicaron.

La referencia apunta al reproche que formuló el gobierno de Ecuador el pasado 27 de noviembre, cuando se pronunció públicamente en un comunicado contra la inminente decisión de Argentina. “Las convenciones que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes”, apuntó la Cancillería ecuatoriana.

María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas, recibió una condena por ocho años de cárcel por cohecho como parte del caso “Sobornos 2012-2016”, una trama de financiación irregular en la que quedó involucrado el movimiento Alianza País, la coalición que encabezaba Rafael Correa. La denuncia surgió a partir de la revelación de un cuaderno escrito por Pamela Martínez, exasesora del expresidente. Esa prueba contenía información sobre presuntos aportes ilegales de varias empresas, entre ellas, la constructora Odebrecht.

El expresidente Correa fue la principal figura política condenada en esa causa que conmovió el clima político ecuatoriano. Al igual que ahora como Duarte, permanece con un estatus de refugiado desde 2017 en la ciudad de Bruselas, en Bélgica.

El gobierno del presidente Guillermo Lasso —adversario del correísmo— considera que el juicio realizado por la Corte Nacional de Justicia “contó con todas las garantías procesales para los acusados”. “El cohecho o soborno se halla tipificado en las convenciones de las Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción”, señaló el mensaje de la Cancillería ecuatoriana.

Sin embargo, para el kirchnerismo, las condenas contra Rafael Correa y sus funcionarios encuadran en lo que se denomina “lawfare”, una hipótesis que sostiene que hay una estrategia global articulada entre medios de comunicación, partidos políticos y sectores judiciales para atacar “líderes populares” que protagonizaron el ciclo de gobiernos de izquierda y progresistas en la primera década del siglo XXI. Con algún matiz, el presidente Alberto Fernández comparte la visión de que en Latinoamérica se produjeron procesos judiciales cuestionables y “detenciones arbitrarias” contra dirigentes regionales como Rafael Correa, el brasileño y tres veces presidente Luis Inácio Lula da Silva y contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.