El fenómeno global del uso de la tecnología y el big data para hacer campañas electorales es una realidad en la política local desde hace años. Sin embargo, constituye un delito cuando un gobierno obtiene esos datos privados mediante registros estatales. Las bases de datos de la Anses y el Pami, los planes de asistencia como el Ingreso Familiar de Emergencia y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción y los certificados de vacunación y testeos de coronavirus, son ejemplos de las numerosas formas que tiene un gobierno para acceder a información personal de los ciudadanos y desviarla hacia fines políticos.
El reciente sorteo del sueldo del diputado nacional Javier Milei, que para participar solicitaba el registro de datos personales, reavivó ese debate, que promete exacerbarse a medida que se acerque la fecha del censo nacional, previsto para mayo de 2022.
“Un censo con DNI está lejos de ser un censo estadístico, es una base de datos personales”, manifestó Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, que defiende derechos fundamentales en el entorno digital.
Se refería al censo nacional que se llevará a cabo el próximo 18 de mayo, tal como lo anunció el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que incluyó en las pruebas piloto el pedido del DNI a los participantes, por primera vez en la historia argentina. Esto provocó fuertes críticas por parte de asociaciones de la sociedad civil y académicos, alegando que la solicitud de esta información es contraria a las recomendaciones internacionales y que de esta forma se estaría avanzando hacia la privacidad de las personas.
(AG)
