Un grupo de fiscales denunció presiones de la política

Siete fiscales denunciaron este viernes ante la histórica Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) haber recibido presiones de gobiernos provinciales por investigar casos de corrupción, al poder económico o al narcotráfico.

Se trata de los fiscales  Cecilia Goyeneche, atacada por el embajador en Israel y ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, Matías Edery, Luis Schiappa Pietra, Sebastián Narvaja, Adrián Mac Cormack, Fernando Rubio y José Arias, a cargo de la instrucción de causas de corrupción y el crimen organizado.

En la audiencia, que había sido pedida por la Asociación Argentina de Fiscales (AAF), representada por Marcelo Varona Quintián, y la Asociación de de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, encabezada por Gisela Paolicelli, los fiscales señalaron situaciones que consideran “un grave ataque a la independencia judicial”.

Las asociaciones de fiscales plantearon los casos de la suspendida fiscal anticorrupción de Entre Ríos Goyeneche, de los fiscales que estaban a cargo de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos de Rosario, Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja, quienes investigaron un caso de manejo de subsidios sociales.

Otro de los casos que se expusieron en la audiencia ante la Cidh es el caso de los fiscales Luis Antonio Schiappa Pietra y Matías Edery en Santa Fe que vincularon a un senador provincial del Frente de Todos con el juego clandestino.

Se trató también en la Cidh el caso del Fiscal Jefe de la IV Circunscripción Judicial de la Provincia de Neuquén, Fernando Guillermo Rubio, que quiso investigar al Consejo Deliberante local, pidió su allanamiento y terminó enfrentando un juicio político en un intento de evitar la investigación, presionarlo y destituirlo.

Otro asunto que se planteó en la Cidh, dice la presentación a la que accedió Clarín, es el de un fiscal de Concordia José Arias, perseguido y denunciado por investigar al intendente de Puerto Yeruá por fraude.

“Quien investiga causas de corrupción, termina siendo hostigado”, resumió en su exposición Varona Quintián. Este consideró que las presiones recibidas persiguen “un efecto disuasorio” en el resto de los fiscales, en todo el país. Paolicelli, por su lado, subrayó que en Santa Fe, “los delitos económicos tienen estrecha vinculación de causa y efecto con los hechos de sangre”.

Al mismo tiempo, la funcionaria hizo hincapié que en Santa Fe, “el sistema de Justicia quedó absolutamente subordinado al poder político” tras una reforma que le permite a la Legislatura la facultad de suspender, destituir y amonestar a los fiscales. “Suspender a un fiscal es tan fácil como levantar la mano”, se lamentó.

“Nos quedó muy claro el mensaje: a quién se puede investigar y a quién no”. “La Legislatura puede intervenir en cualquier denuncia que se haga contra un fiscal y usarla como excusa para disciplinarnos. Una verdadera espada de Damocles”.

(JML)