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/Ellitoral.com.ar/ Sociedad

Una campesina y su hijo resistieron con machetes un desalojo y siguen detenidos

La orden judicial partió de la ciudad de Corrientes por resistencia a la autoridad policial. Un organismo nacional, de agricultura familiar, repudió la medida y argumentó que la mujer y su familia son titulares registrados.  

La Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci) repudió ayer en un comunicado el desalojo y la detención de una mujer campesina y docente junto con su hijo en la localidad de San Miguel, Corrientes. El fiscal de la causa aseguró que hubo resistencia a la autoridad con armas blancas. 

María Cristina Romero (50), y su grupo familiar, son agricultores familiares del Lote N° 281, ubicado en el paraje Pájaro Reta de la localidad de San Miguel y se encuentra inscripta en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar.

“La familia vive y produce hace 10 años, aparentemente, en un lote periurbano. Los titulares hicieron una denuncia por usurpación y solicitaron desalojo preventivo. La pretensión de dejarlos detenidos varios días es una barbaridad”, dijo a El Litoral la coordinadora de la Safci en Corrientes, Anahí Lindstrom. 

Mientras que el fiscal de la causa, Carlos Daniel Lezcano, aclaró que la detención se realizó a solicitud de la jueza Correccional N° 1 de la Provincia de Corrientes, Dra. Gabriela Aromí de Sommer. El funcionario judicial aseguró a este diario que debieron solicitar colaboración a la comisaría de San Miguel para repeler la resistencia al desalojo y “para conformar una fuerza suficiente”, ya que la mujer y su hijo “reaccionaron de manera muy violenta, con machetes y cuchillos”.

Se trata de la disputa por unas 12 hectáreas en el área periurbana de la localidad de San Miguel, de las cuales alrededor de 5 hectáreas son aptas para la realización de cultivos y el resto es terreno lindante a una laguna.

Detención y queja

“Inmediatamente se iniciaron actuaciones por desobediencia a la autoridad”, indicó Lezcano y aclaró que esa es la razón por la que continúan detenidos los dos imputados. 

Por su parte, la Safci (órgano dependiente del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación) presentó una queja formal de intervención colaborativa el mismo día del desalojo, el martes pasado, ante la jueza Aromí de Sommer, porque los imputados “viven y producen en dicho campo como familia hace ya tres generaciones”. 

En el comunicado público detallaron que están “utilizando los recursos que permite la Ley Nº 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina y demás herramientas del derecho constitucional de la Argentina”.

Producción pecuaria

La familia se dedica a la producción de verduras y hortalizas, cultivando mandioca, batata, maíz, zapallo, sandía, melón y huerta autoconsumo. Además, realizan producción pecuaria de aves, ovinos y porcinos para autoconsumo. Ellas y ellos comercializan el 50% de la producción directamente en el predio a vecinas, vecinos y comerciantes locales, de acuerdo con la Safci.

“El acceso a la tierra para la producción es fundamental para el desarrollo del arraigo rural, comprendido en nuestra Ley 27.118, y un aspecto fundamental para lograr la soberanía alimentaria en nuestro país”, señalaron desde el organismo nacional.

También argumentaron que María Cristina Romero “tiene la marca del ganado registrada a su nombre desde los años 90’”. 

(IB)

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La agricultura familiar está protegida por la Ley 27.118 en Argentina, con medidas concretas: banco de tierras rurales, incentivos para la producción, capacitación y acceso al crédito.