De acuerdo a las pruebas recabadas, la fiscalía tuvo por acreditado que la banda desplegó las maniobras delictivas al menos desde septiembre de 2015 y hasta el 21 de diciembre de 2017, oportunidad en que se realizó una serie de allanamientos que permitieron el desbaratamiento de la organización, que estaba integrada por tres grupos.
El primero de ellos abarca al personal aduanero del Complejo Terminal de Cargas (CoTeCar) y aquellos que cumplían funciones en el Puente Internacional Agustín P. Justo-Getulio Vargas, que une Paso de los Libres con Uruguayana. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, habrían conformado una asociación ilícita que facilitó el contrabando de bienes a través de la frontera, para lo cual los imputados habrían incumplido sus deberes de funcionarios públicos, habrían cobrado coimas y se habrían enriquecido ilícitamente.
Por su parte, los “paseros” también están acusados de integrar una asociación ilícita que contrabandeaba mercaderías a través de los pasos fronterizos, para lo cual sobornaban al personal aduanero para contar con su anuencia.
Finalmente, el tercer grupo lo conforman empresarios y comerciantes correntinos, quienes también habrían integrado la asociación ilícita para lavar activos de origen ilícito proveniente de delitos precedentes indeterminados. Esos crímenes serían trata de personas, narcotráfico y contrabando de divisas, y operaciones de cambio marginal. Los habrían realizado con habitualidad y como miembros de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, y los habrían realizado en nombre o con la intervención o en beneficio de una persona de existencia ideal.
En noviembre de 2017, parte de los imputados fueron procesados por desarrollar maniobras destinadas a dar apariencia de licitud a los bienes de origen ilícito, entre las que se cuentan la realización de inversiones, la constitución de sociedades —y los respectivos aportes de capital—, emprendimientos inmobiliarios, operaciones de compra-venta de bienes muebles e inmuebles registrables, y utilización de cuentas bancarias para administrar bienes.
En relación a los funcionarios de la Afip-DGA, fueron procesados en abril de 2018 por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario publico, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, contrabando, asociación ilícita y lavado de activos. El grupo de los denominados “paseros” fue procesado por contrabando, cohecho activo y asociación ilícita.
(NG)
