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Proponen una nueva ley para mejorar el manejo del fuego en territorio provincial

La iniciativa se debe a que la ley vigente se refiere, exclusivamente, a los incendios forestales.

Por El Litoral

Lunes, 18 de abril de 2022 a las 01:00

En el marco de la emergencia ígnea por la sequía y los incendios, el bloque de Encuentro Liberal propone crear una nueva una nueva ley para mejorar el manejo del fuego en el territorio provincial reemplazando la 5.590, referida exclusivamente a los incendios forestales.
“Nuevos paradigmas aconsejan una nueva norma con enfoques diferentes, modernos, de prevención y educación, de asociativismo y colaboración. De coordinación entre todos los actores involucrados”, argumenta el proyecto de ley presentado por el presidente de la Cámara Baja Pedro Cassani y los diputados Horacio Pozo, Lucía Centurión y Carmen Perez Duarte, y que se encuentra en la Comisión de Ecología y Ambiente.
El proyecto tiene por objeto establecer las normas para el Sistema Provincial de Manejo y Lucha contra el Fuego, con las acciones y procedimientos para todas las etapas en áreas rurales y forestales, áreas industriales y urbanas de la provincia  buscando proteger las personas, el patrimonio económico individual y colectivo, los bienes culturales y espirituales, los bienes sociales y los recursos ambientales. 
Promueve la planificación multisectorial e interdisciplinaria para toda la geografía provincial y en coordinación con la Nación; busca la actuación colectiva de la población y la instalación del hábito de prevención permanente, con la identificación de los períodos de planificación, educación, capacitación, equipamiento y ejecución de acciones. 
Establece como autoridad de aplicación al Ministerio de la Producción o a la Subsecretaría del Manejo del Fuego que se crearía mediante el proyecto legislativo.
Fomenta la creación de un Comité ejecutivo de coordinación y establece que el 10% (diez por ciento) del presupuesto anual del Fondo de Desarrollo Rural sea destinado a todo lo vinculado al manejo del fuego, financiando la ejecución de las acciones aprobadas para la autoridad de aplicación, como campañas de educación y concientización, compra de equipamiento para los brigadistas y construcción de infraestructura.

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