Capital y Goya, con los índices más altos de embarazo adolescente no intencional

Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación, realizó una visita protocolar a la provincia y aseguró que “Corrientes es una provincia donde la garantización de derechos sexuales y reproductivos llegan más tarde”.

En su visita por Corrientes se reunió con la directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud Pública y los equipos que implementan en terreno programas de salud sexual, interrupción voluntaria del embarazo, prevención de embarazo adolescente y educación sexual integral, tanto de Capital como de Goya.

Estas dos localidades correntinas tienen especial atención por parte de Nación al ser 2 de los 36 departamentos del país con los mayores indicadores críticos de embarazo adolescente no intencional, según indicó Isla.

En diálogo con El Litoral, la funcionaria compartió su mirada sobre el avance de los derechos sexuales y reproductivos y el avance de la implementación de la Ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

La normativa establece que mujeres y otras personas con capacidad de gestar tienen derecho a elegir la interrupción de su embarazo: hasta la semana 14 de gestación inclusive, sin dar motivos (interrupción voluntaria del embarazo-IVE). Y solicitar la interrupción legal (ILE) si el embarazo es consecuencia de una violación o pone en peligro su vida o su salud.

Detalló que la línea pública y gratuita de Salud Sexual 0800-222-3444 recibió entre el 2010 y el 2020 19.000 llamadas, mientras que a partir de la legalización del aborto sumó otras 19.500 sólo durante el 2021.

“En solo un año duplicamos el alcance de la línea a partir de la sanción de la ley en diciembre del 2020. Allí recibimos tanto pedidos de información sobre métodos anticonceptivos e interrupción legal del embarazo como denuncias de los obstáculos que se plantean en los centros de salud para acceder al aborto”, contó la funcionaria.

Destacó el trabajo de las organizaciones sociales y feministas en la tarea de difusión, tanto de la línea como de la ley, e indicó que el 90% de las llamadas que se reciben son por aborto.

En el primer año de implementación de la ley, se estima que se realizaron cerca de 60.000 interrupciones voluntarias del embarazo en el país, según el informe “ImplementAR 2021”.

“Desde esta Dirección nacional trabajamos junto con los equipos de salud de cada jurisdicción. A pesar de que tenemos la legislación vigente y hay avances respecto a la despenalización social de la práctica, hay algunos lugares donde es más difícil el acceso”, reconoció. 

“Corrientes es una provincia donde la garantización de derechos sexuales y reproductivos llega más tarde. Sin embargo, no es ajena a lo que sucede en el resto del país. De hecho un solo diputado correntino votó a favor de la interrupción”, expresó Isla recordando el acompañamiento de José “Pitín” Ruiz Aragón.

Sin embargo, Isla consideró que “la ley lo que hace es generar un piso. Sigue siendo un desafío trabajar por su efectiva implementación. A nivel nacional existe un protocolo de atención y recursos disponibles, pero recorremos el país para evaluar y acompañar el acceso”.

En este sentido, detalló que la mesa de trabajo que se conformó en Corrientes esta semana incluyó la discusión por el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración, el rol de las obstétricas en la salud sexual y el acceso a la IVE. También participaron referentes de la Secretaría Académica de la Facultad de Medicina de la Unne, desde su rol en la formación de profesionales de la salud.

“Tenemos que apoyar a los equipos que garantizan la práctica. El paradigma se ha invertido y los que la realizan son los que cumplen la ley. Si bien la normativa regula la objeción de conciencia, los profesionales no pueden negar la información y los jefes de área en clínicas y hospitales deben realizar la adecuada derivación a otros profesionales en caso de no querer realizar el aborto, tanto en el sector público como en el privado”, recordó Isla.

Previo a la Ley IVE, había 930 equipos en el país que realizaban interrupciones legales mediante las causales de violación, salud y riesgo de vida que contemplaba la normativa nacional. A la fecha hay 1.360.

“Se aumentó la cobertura, pero tenemos que seguir creciendo y es fundamental que acompañemos a las provincias en esa tarea”, remarcó.