Denunciaron a uruguayos que cobran indemnizaciones dobles por la dictadura

El investigador argentino José D’Angelo denunció ante la Justicia federal supuestas irregularidades en el pago de indemnizaciones a las víctimas de la dictadura argentina. El periodista amplió una denuncia previa que está bajo investigación en el juzgado de Ariel Lijo, con información de veintitrés casos de ciudadanos uruguayos que cobran un doble resarcimiento, tanto del Estado argentino como del uruguayo.

Se trata de personas que fueron secuestradas en nuestro país en el marco del la coordinación represiva ilegal del Plan Cóndor, y fueron enviadas a Montevideo pocos días después. La denuncia es por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por parte de quienes dispusieron pagar esas indemnizaciones cuestionadas. La presentación enumera pagos por 394,6 millones de pesos.

“Venimos a ampliar la denuncia que formuláramos oportunamente relativa a las maniobras delictivas realizadas en el pago de indemnizaciones a presuntas víctimas de los años 70 por las llamadas leyes ‘reparatorias’, por el descubrimiento de una nueva y escandalosa modalidad”, señala D’Angelo en el escrito judicial.

“La República Argentina les ha pagado a cada uno de ellos no por los escasos días que permanecieron aquí detenidos, sino por todo el tiempo que permanecieron en esa condición en Uruguay, haciéndole asumir abusivamente a nuestro país obligaciones millonarias por actos realizados en el extranjero, por funcionarios extranjeros, provocando el pago de ingentes sumas de dinero indebidas a supuestas víctimas cuya Nación, además, no contempla estos millonarios resarcimientos”.

El periodista denunció entonces a los funcionarios públicos administradores de los recursos con que se pagan las indemnizaciones “en su condición de autores, cómplices o instigadores de los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, y también a los particulares beneficiados. “En todos los casos detectados, a cada uno de estos ciudadanos uruguayos, el gobierno argentino pagó multimillonarias indemnizaciones, actualizadas a mayo de 2022, como si todos los días en que estuvieron detenidos lo hubieran sido en jurisdicción argentina”. 

Para chequear que la información que fundamenta su presentación es correcta, D’Angelo le pidió al juez Lijo verificar si estas personas están cobrando en Argentina la pensión mensual graciable contemplada por la ley 26.913, que equivale a dos jubilaciones mínimas, y que libre los oficios necesarios para saber si en Uruguay estas personas también cobraron y siguen cobrando, por los mismo hechos, indemnizaciones y pensiones, informó Clarín.