El Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Corrientes (Cucaicor) se manifestó en contra de los dichos del diputado nacional Javier Milei, que se expresó a favor de la venta de órganos.
Milei es legislador por el espacio La Libertad Avanza, y consideró que se trata de “un mercado más”: “Hay estudios hechos en Estados Unidos que demuestran que si vos dejás esos mercados libres, funcionan muchísimo mejor y tienen menos problemas. Es una decisión de cada uno”, manifestó en una entrevista radial.
Esto generó el rechazo de sociedades científicas de Argentina y del propio Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).
En este sentido, el director del Cucaicor, Héctor Álvarez, remarcó que el tráfico de órganos es una actividad ilegal y condenada por Código Penal, y señaló que la donación de órganos y tejidos se trata de “un acto de solidaridad”.
“Argentina es un ejemplo en América Latina y el mundo por haber demostrado éxito en sus programas. Muchos son los países que todavía no alcanzaron lo que aquí tenemos: una legislación que regule la práctica”, destacó en diálogo con Sudamericana.
Además, recordó que “el Incucai como organismo estatal tiene 44 años de trayectoria, desde donde se plantea la equidad como motor de los transplantes en el país”.
En Argentina la ley 27.447 dispone que “toda persona mayor de 18 años” es donante de órganos o tejidos salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario.
Así, las personas que deciden no donar sus órganos, están inscriptas en un registro de no donantes. Esta legislación fue aprobada por unanimidad en el Congreso.
Álvarez remarcó que, además, la Organización Mundial de la Salud se declaró en contra del comercio y el turismo de órganos en la Declaración de Estambul. “Este tipo de comentarios puede traer un retroceso en todo lo que se logró. Hoy tenemos 11.000 pacientes en lista de espera y 20.000 en proceso de inclusión. Hay 25.000 personas con insuficiencia renal, de las cuales solo 5.000 están en la lista de espera”, precisó.
“Otro punto importante es que acá no importa el poder económico, la mayoría de los correntinos trasplantados no tienen obra social”, señaló.
Declaración del Incucai
“El comercio de órganos se encuentra prohibido por la Ley de Trasplantes. En este sentido, la legislación argentina, como en todos los países del mundo en que se desarrollan trasplantes, regula minuciosamente toda la actividad de donación y trasplante, de tal manera de ofrecer una garantía de transparencia y trazabilidad de todos los procesos, generando la confianza de la sociedad”, señalaron.
El Incucai afirmó que las políticas sanitarias garantizan la equidad en el acceso al trasplante para toda persona que lo necesite, independientemente de su condición social o económica. La asignación de órganos y tejidos se basa en criterios únicos establecidos por normas nacionales elaboradas por comisiones técnicas con amplio consenso.
(IRB)
