Detuvieron a un agrimensor acusado de formar parte de una banda delictiva dedicada a falsificar instrumentos públicos y a la compra y venta de inmuebles de manera irregular y concretar así una megaestafa.
Fuentes judiciales informaron a El Litoral que el operativo fue realizado por personal de Prefectura Naval, que ayer a la mañana allanó un departamento en un edificio ubicado en la calle San Lorenzo al 1500 de la capital correntina. Cabe recordar que en la causa hay varios profesionales involucrados, como la agrimensora Liliana Griselda Ortíz, el abogado Iván Bordón y la escriban Gladys Báez. Todos permanecen detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación para que luego se dicte el procesamiento.
En tanto que aún continúa prófuga de la Justicia la falsa escribana y dirigente política Teresa Vázquez. No se sabe nada de su paradero desde que a mediados de febrero allanaron su domicilio en la localidad de Santa Ana y hallaron gran cantidad de documentación adulterada, como boletos de compra-venta, planos, escrituras y casi 250 documentos nacionales de identidad.
Contrató a dos abogados de Buenos Aires para tramitar su eximición de prisión, pero cuando el Juzgado de Instrucción Nº 3, a cargo de la doctora María Josefina González Cabañas, le rechazó la solicitud, Vázquez desapareció.
De acuerdo a la investigación, la banda delictiva buscaba inmuebles de personas fallecidas, armaba una prescripción veinteañal con terceros, mensuraba el terreno legalmente, pero cuando llegaba al Registro de la avenida 3 de Abril y Mendoza, lo cambiaba a dominante para poder escriturar la propiedad robada. Para eso les falseaban la mensura a agrimensores.
El negocio no era solamente el loteo San Blas de la Ruta Provincial Nº 43, a dos kilómetros de la Ruta Nacional Nº 12, que es el centro del conflicto. También se escrituraron y vendieron muchos terrenos baldíos, como casas sin habitantes. Identificaban si se encontraban abandonadas y verificaban a quiénes les pertenecían, precisaron fuentes judiciales.
Si se determinaba que los dueños estaban muertos, confeccionaban boletos de compra-venta y cesiones de derecho anteriores a la fecha de los fallecimientos. Hacían primeramente una mensura de prescripción, la que no lo habilitaba para hacer un título, entonces la fraguaban con una de dominio o deslinde, para así poder escriturar el inmueble.
Ese rótulo truchado era aprobado por la Dirección de Registro de la Propiedad Inmueble.
En agosto del año pasado, el área de Asesoría Legal de la Dirección advirtió las irregularidades en los expedientes y denunció el caso.
