Veintitrés allanamientos y seis órdenes de presentación entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, 50 mil dólares y más de 7 millones de pesos. Ese fue el resultado del operativo dispuesto por la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, en domicilios y galpones de punteros de la Corriente Clasista y Combativa en el marco de una investigación que se aceleró en el último semestre y que llamativamente llevó a Alberto Fernández a recibir este miércoles a dirigentes de esa y otras organizaciones sociales, como una señal de “solidaridad” por lo que calificó como “persecución judicial”.
“Se secuestraron planillas de asistencias con nombres y apellidos de personas afiliadas a la organización social, que tenían al lado un monto de plata. Se está investigando qué exigían”, explicaron a este diario fuentes policiales.
La investigación fue iniciada por el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Cambiemos por una serie de denuncias anónimas por supuesta extorsión por parte de beneficiarios de planes sociales, agrupados en la CCC que lidera el diputado Juan Carlos Alderete, que resaltaron, según las fuentes, que debían aportar a la organización.
En su defensa, las organizaciones sociales del oficialismo y de la oposición cerraron filas. Denunciaron que son víctimas de una maniobra político-judicial con ramificaciones en Jujuy, Chubut, La Pampa, Santa Fe, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
Y en ese sentido aseguran que la máxima expresión de esa supuesta conspiración fueron los allanamientos.
No importan los matices entre el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico; la CCC, de Juan Carlos Alderete; o el MTE, de Juan Grabois. Todos aseguran ser objeto de una persecución judicial orquestada por la oposición. “Por Alderete pongo las manos en el fuego”, afirmó a Clarín Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias de jefatura de Gabinete.
El funcionario y referente del Evita con despacho en la Rosada fue uno de los encargados de acordar la reunión entre Fernández y los dirigentes sociales un día antes de que se reprodujeran en TN las escuchas de la causa. En ellas, Raquel Fleischman, integrante de la mesa nacional de la CCC, reconoce que tiene en su poder la plata de la organización para los viajes (más de 5 millones de pesos) mientras agentes de la Policía Federal querían ingresar a su domicilio con la orden de Vence.
La jueza instruye la causa en la que se investiga la posible defraudación al Estado o extorsión a particulares, en la que ya hay más de 20 imputados, pero ningún indagado, según fuentes judiciales. El fiscal es Roberto Sica. El expediente se inició oficialmente en 2019, tras una denuncia del ministerio de Desarrollo Social que conducía Carolina Stanley. luego de que seis exmilitantes de la CCC denunciaran las maniobras.
(JML)
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