Soto Dávila: tres horas de declaración, defensa cerrada y denuncia de lawfare

El exjuez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, declaró ayer en el marco del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal donde negó rotundamente haber formado una asociación ilícita para el cobro de coimas en su estrado. Y profundizó su planteo al denunciar un lawfare así como el haber sido embestido por sus exsecretarios con diversas maniobras.

“Niego absolutamente haber recibido cualquier tipo de dádiva”, manifestó Soto Dávila en el Tribunal en una declaración que inició a las 11 y concluyó a las 14.

Sobre el inicio de su declaración ante los jueces Juan Manuel Iglesias, Rubén David Quiñonez y Manuel Alberto Moreira, Soto Dávila expresó en forma taxativa: “Esto es un caso de lawfare.”

En ese sentido, explicó que “el estado de lawfare en el que nos encontramos en Argentina a partir del anterior  gobierno, durante el cual los poderes judiciales y mediáticos persiguieron a dirigentes opositores/as, impactó en la provincia de Corrientes”. 

En otro tramo de su defensa, el exmagistrado sostuvo que en las acusaciones en su contra estuvo involucrado el falso abogado Marcelo D’alessio. “También participó de esto, vino a Corrientes y le dieron información y acceso”, dijo y lo acusó de haber sido “un paraestatal”. 

Asimismo, denunció “abogados inescrupulosos dedicados a la venta de humo” y cuestionó al instructor de la causa que llegó a juicio, el fiscal porteño Carlos Stornelli. “El procesado Stornelli eleva la causa bajo un manto de santidad y él no aparece y él no da explicaciones”, sostuvo el exmagistrado.

Dijo que “llaman poderosamente la atención los juicios abreviados en puertas del juicio oral”, en referencia a las penas que acordaron cinco de los imputados con el ministerio público.

Y sostuvo que se trata de un caso de “forum shopping”, al señalar que los tribunales federales de Comodoro Py no tenían competencia en esta causa.

Luego de repasar su trayectoria en la magistratura y el rol que deben cumplir los secretarios del juez, Soto Dávila apuntó contra el exsecretario penal de su estrado, también imputado en este juicio, Pablo Molina.

“Un funcionario, Molina quebró mi confianza y me arrastró a imputaciones en el caso de escuchas a su esposa”, indicó, al referirse a una causa judicial en la que el exsecretario había gestionado con la firma de Soto Dávila autorizaciones para intervenir el teléfono de su pareja y el de un hombre.

En otro pasaje de su declaración, Soto Dávila menciona al otro secretario penal de su juzgado que también fue imputado en este caso, al ubicarlo como parte de una situación en la que se investigó si hubo un cobro para llevar alivio procesal a Hernán Adolfo Aquino, hermano de Fabio Aquino, ex viceintendente de Itatí.

Entretanto, se refirió caso por caso a los hechos que se le adjudican como parte de maniobras llevadas adelante para el presunto cobro de sobornos y sentenció: “Nunca ordené levantar el orden de captura de (narcotraficante) Sena, es mentira; y la imputación del fiscal jamás me menciona, dice funcionarios Molina y Grau”.

En ese tramo se apartó también de supuestos beneficios para la esposa del narcotraficante Sebastián “Morenita” Marín, Lourdes Alegre, a quien, dijo, “jamás le otorgué la libertad”.

Y se despegó del exintendente de Empedrado, Juan Manuel Faraone, imputado en este expediente, por quien dijo que si bien fue a su casa, “mi seguridad lo echó; hablé con él pero fue antes de la imputación y niego haber hablado con él después de la imputación” que pesa sobre el exfuncionario municipal.

“Dice el arrepentido que el abogado “Tito” González me pagó un millón de pesos para la libertad de (Carlos) Bareiro en diciembre de 2015, pero Tito González murió acribillado en julio de ese año. ¿Quién me pagó entonces? ¿El fantasma de Tito González?”, manifestó Soto Dávila.

El exjuez correntino fue tajante al señalar no tener “nada que ver con este entramado mafioso” y advertir que “el daño que se ha causado a mi reputación es enorme”, aspecto en el que amplió al decir que se propició “una enorme afectación a mi salud, a mi libertad y a mi familia”.

“Se avasalló a la Justicia, se llevaron puesto un juez federal”, remarcó sobre el final y aclaró que no iba a responder preguntas.