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/Ellitoral.com.ar/ Sociedad

Prestadores de Discapacidad continúan con el reclamo por la demora en pago de servicios

Denuncian “maltrato y manoseo” a los pacientes y sus familias por parte de las obras sociales. A pesar de las promesas de pago, aún no percibieron sus haberes. 

En Corrientes continúan los retrasos en los pagos a prestadores de servicios para la población con discapacidad. Denuncian “maltrato y manoseo” por parte de las obras sociales a los pacientes y sus familias.

En las últimas semanas, el conflicto por el retraso de pago a prestadores de discapacidad tomó relevancia nacional.

El Colectivo de Discapacidad, integrado por profesionales y familiares, realizó un acampe y movilizaciones frente a la Casa de Gobierno en reclamo por el retraso de hasta seis meses en el pago de sus servicios por parte de las obras sociales.

Denunciaron recortes en salud y que la Superintendencia de Seguros de Salud de Nación no había depositado los fondos solidarios de redistribución con el cual se paga los tratamientos.

La Agencia Nacional de Discapacidad había garantizado que esta semana se iba a generar la normalización de los extipendios, pero todavía no impactó en el bolsillo de prestadores de servicios correntinos,

El Litoral dialogó con Mariela Chavez, directora del Centro Terapéutico “Yo Puedo” de la ciudad de Corrientes que atiende a esta población

Consultada por los reclamos, expresó: “Celebro que desde el área de discapacidad nos estemos uniendo ante una situación que nos tiene muy golpeados”.

“Lo que hacemos nos apasiona y tenemos un gran compromiso con nuestro trabajo. Pero las dificultades para percibir lo que se corresponde con nuestro salario ha llevado a que muchos colegas elijan otro camino”, compartió la licenciada.

Indicó que incluso los valores que se abonan por los diferentes servicios de educadores, terapeutas, transportistas, psicólogos, kinesiólogos, entre otros profesionales, se encuentra desactualizados respecto a los niveles de inflación.

En el mismo sentido, Chavez sostuvo que parte de el problema está vinculado con los procesos burocráticos de las obras sociales que vulneran los derechos de personas con discapacidad.

“Los pacientes pueden sufrir un retraso de hasta tres meses para recibir el alta en obras sociales que les garanticen el acceso a las terapias que requieren”, denunció la directora. “Hay obras sociales que no pagan hace seis meses. 

El maltrato y manoseo es contante. Las familias deben peregrinar para poder alcanzar las coberturas a sus necesidades educativas y de salud”.

Chavez reclamó que incluso hay retrasos en el acceso a los Certificados Únicos de Discapacidad y su renovación. 

Indicó que entre los pedidos médicos y las revisiones de los organismos involucrados puede extenderse hasta cuatro meses.

“Una cosa es lo que dice la ley, y otra la realidad. Hay muchas cosas que deben cambiar, atender a las falencias e irregularidades para mejorar nuestra situación laboral y el acceso a derechos de las personas con discapacidad”, remarcó Chavez.

Panorama nacional

Cabe señalar que estas prestaciones, según la Ley 23.661, son financiadas por el Fondo Solidario que se compone de los aportes y contribuciones de los trabajadores. 

Mensualmente, se destinan $10.000 millones de pesos, a 93.000 beneficiarios con discapacidad. En otras palabras, el pago de dichas prestaciones proviene de un aporte que no debería ocasionar faltantes.

La falta de pagos representa un conflicto a nivel nacional; sin embargo, apenas tomó estado público el reclamo, la Agencia Nacional de Discapacidad afirmó a través de su cuenta de Twitter que “se encuentran en análisis medidas que apuntan a sanear el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Discapacidad”, y negó que se trate de un ajuste. Este atraso en las remuneraciones afecta a diferentes prestadores del servicio de atención a la discapacidad y su ejecución es responsabilidad de la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la encargada de realizar el pago de las prestaciones básicas para este sector de la población. 

 A su vez, las obras sociales deben remitir a este ente las facturas de las prestaciones efectuadas.  De esta forma, la Superintendencia informa a la Afip los pagos que debe realizar a las obras sociales. 

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