La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Fernández por el delito de peculado por el uso de los aviones presidenciales para el traslado de muebles a los hoteles de la familia Kirchner en la ciudad de El Calafate.
El fallo fue firmado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens —autor de un voto muy duro— después de que la Cámara Federal de Casación Penal les anulara un fallo previo y les ordenara volver a pronunciarse.
Los testimonios acumulados en esta causa describen cómo se hizo el envío de muebles a El Calafate para los hoteles de la familia presidencial. Originalmente, Cristina Kirchner estaba acusada de haberse hecho llevar muebles para sus hoteles y también diarios, pero los jueces de la Cámara Federal solo mantuvieron el procesamiento por los muebles, con el argumento de que el envío de diarios estaba relacionado con el ejercicio de sus funciones como presidenta.
Llorens, en el voto más fuerte contra Cristina, recordó que él ya había sostenido que “la utilización de la flota aérea presidencial para recorrer los 2.500 km aproximados que nos separan de Río Gallegos o El Calafate, con el único propósito de acercarles los periódicos del día a los expresidentes en los fines de semana que allí se encontraban, no estaban eximidos de un reproche ético, en tanto evidenciaron un quiebre permanente de la prudencia, la mesura y la austeridad como guías indiscutibles del comportamiento que deben asumir aquellos a quienes les es confiado el ejercicio de la función pública, y cuyos orígenes pueden reconocerse en nuestra gesta revolucionaria, reveladora de un enérgico repudio por la ambición, la avaricia, la ostentación, el refinamiento, la extravagancia y el lujo por parte de aquellos que tienen a su cargo el manejo de la cosa pública”.
Destacó que aunque pudiera no ser delito la parte de la causa relativa a los traslados de los periódicos, no fueron hechos “inocuos” sino que se inscribieron dentro “de un esquema de corrupción estatal, instaurado entre los años 2003 y 2015 con distintas manifestaciones”.
Ese esquema, según Llorens, tuvo consecuencias “perniciosas y estructurales” y no se puede “descartar la continuidad de la ejecución de esos hechos delictivos”.
Por eso, de acuerdo con el criterio de este juez, la vicepresidenta podría querer eludir a la Justicia. Con ese fundamento, Llorens pidió evaluar la posibilidad de someterla a un juicio político para “tornar efectivo su encarcelamiento provisional”.
Bruglia, autor del segundo voto del fallo, dijo que “mientras ejerció el cargo de Presidenta de la Nación, Cristina Fernández utilizó en provecho propio un servicio pagado por la administración pública” porque usó “un avión que tenía a su disposición para ser utilizado exclusivamente para el desempeño de su función pública”.
(EN)
