Los esteros, el Paraná y los incendios: así es el plan educativo del Poder Judicial

El Poder Judicial de Corrientes presentó ayer el Programa de Formación del Poder Judicial de Corrientes en la temática de ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático. Se trata de una adaptación de la normativa a las necesidades locales, mediante un programa de formación que tendrá como temas centrales la protección del río Paraná y de los Esteros del Iberá, así como el problema de los incendios forestales.

El objetivo del Programa de Formación es capacitar a todos los miembros del Poder Judicial en el marco de la ley  nacional 27.592, sancionada el 17 de noviembre de 2020, conocida como Ley Yolanda, y a la que la provincia adhirió a través de la ley provincial 6599.

Las actividades serán organizadas por el Área de Capacitación y supervisadas por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, y serán de carácter obligatorio para los magistrados, funcionarios, técnicos profesionales y empleados del Poder Judicial provincial.

El objetivo principal es que todos los integrantes del Poder Judicial comprendan la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la implementación de las políticas públicas para contribuir, desde la gestión estatal, a la construcción de un ambiente sostenible.

Urgencia y seriedad

Al cierre del acto, Vásquez resaltó la importancia del Programa de Formación en el Poder Judicial, no solo porque la Ley Yolanda impuso la obligatoriedad de que los funcionarios se interioricen en la temática, sino  porque “el Derecho Ambiental amerita un tratamiento con urgencia y seriedad por el bienestar de todos”.

Sostuvo que las cifras sobre los recursos ambientales consumidos año a año son alarmantes y por ello es “un orgullo estar presentando un plan de capacitación para los integrantes del Poder Judicial”, indicó el doctor Rey Vázquez.

También explicó que es un programa de capacitación ambicioso que en principio está destinado solamente al Poder Judicial, pero que en un futuro puede extenderse a los otros poderes. Lo acompañaron en la presentación los ministros, doctores Eduardo Panseri, Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan y Alejandro Chaín, en forma remota y el fiscal general, doctor César Pedro Sotelo.

Protección de recursos

El magíster en Derecho Ambiental, Carlos Aníbal Rodríguez, también se dirigió al auditorio porque será uno de los disertantes en el ciclo de capacitación. 

Hasta su jubilación se desempeñó como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala IV y es profesor titular del Seminario de Orientación en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales Cátedra “A” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Unne.

Indicó que la Educación Ambiental está contemplada en el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 51 de la Constitución Provincial y en, aproximadamente, 2500 tratados internacionales.

El doctor Rodríguez también mencionó que en el país hay varias “cortes verdes”: hizo referencia al caso de Jujuy que tiene un juzgado y fiscalía ambiental y un grupo interdisciplinario para tratar los casos de este tipo y, por otro lado, nombró a la provincia de Misiones que también tienen oficinas específicas.

Recordó que, además de los derechos ambientales, el artículo 41 de la Constitución Nacional se refiere a las obligaciones de los ciudadanos para proteger los recursos.

Explicó que el juez Ambiental es un tipo particular de magistrado ya que las causas que trata tendrán impacto en su cotidianeidad. “El juez ambiental respira el aire, toma el agua y padece los problemas sobre los que tiene que resolver”, subrayó el exmagistrado.

Por último, el exjuez de la Cámara de Apelaciones Civil afirmó que el derecho a un ambiente sano es un derecho autónomo y que de él se desprenden otros tres tipos: el derecho al cambio climático, el derecho de animales y el derecho de las energías renovables.