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Vara, sobre el pedido de juicio político a la Corte: “El oficialismo no tiene los dos tercios”

El diputado nacional por Corrientes fue tajante sobre el proyecto que promueve el Gobierno nacional: “Es imposible que pueda salir”. 

El Gobierno nacional ratificó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar desde el 23 de enero el juicio político a la Corte Suprema. El bloque del Frente de Todos (FdT) presentará en las próximas horas un proyecto para sustituir a los magistrados que integran el máximo tribunal y Juntos por el Cambio (JxC) debatirá en comisión el proceso de remoción.

En este sentido, el diputado nacional por Corrientes Jorge Vara dijo que “el destino del proyecto lo veo incierto, no creo que puedan lograr porque tiene que darse con los dos tercios para juicio político. Pueden llegar a sacar en comisión para la discusión en el recinto”.

“En realidad la posibilidad de lo que se discute es admitir que hay fundamentación para hacerlo. Me da la impresión de que es imposible que pueda salir eso; de hecho, todo el interbloque se está imponiendo y es crítico en ese sentido”, aseguró en declaraciones a radio Sudamericana.

Al ser consultado sobre si el estado de derecho de Argentina corre peligro, el legislador correntino explicó “Lo que se discute es si se puede ir a juicio político, las causales de juicio político están claras; tiene que ver con lo público y lo privado, pero no es admisible”.

“Se sabe que es dar la dicción para llevarlo hacia otro lado teniendo en cuenta el fallo de la Cámara y dar los fundamentos en marzo. Evidentemente, se está priorizando otro tema y sin ningún tipo de medición de daño colateral, en el sentido de afectar seriamente la institucionalidad en la Argentina. De hecho, eso repercute en las decisiones de los empresarios sobre los mercados, sobre el funcionamiento de la política y la gente está requiriendo respuestas a la política”, manifestó.

Temario

El Gobierno nacional envió al Congreso un decreto con 27 proyectos para tratar en sesiones extraordinarias a partir del próximo 23 de enero, una semana después de lo que estaba planeado inicialmente. El decreto de convocatoria llevó la firma del presidente y del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y fue anunciado ayer por la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.

A la par del capítulo judicial está el económico, en el que se destaca el blanqueo de capitales en el exterior, la prórroga de la moratoria jubilatoria y el “punto 21”, que abre la puerta para modificar la ley de Presupuesto. Desde la Casa Rosada indicaron que la modificación apunta a cumplir con el fallo de la Corte que ordenó restituir parte de los fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Con la inclusión de este punto, el Gobierno no solo podría intentar insertar una cuña en la oposición sino también cubrirse las espaldas ante las denuncias por incumplir el fallo de la Corte.

En la órbita de temas judiciales también se vuelve a insistir con la designación del Procurador General de la Nación, cargo cuya titularidad está vacante desde octubre del 2017. El pliego con el nombre del juez Daniel Rafecas duerme en el Senado, sin el visto bueno del kirchnerismo, desde febrero de 2020. Se trata del punto 7, consignado como “Tratamiento del acuerdo requerido para designar al procurador general de la Nación”.

En el temario incluye el tratamiento del proyecto que modifica la Ley del Consejo de la Magistratura. Eje de uno de los principales focos de conflicto con la Corte, en el escrito se consigna que tras el fallo del máximo tribunal, que en 2021 ordenó regresar a la conformación de 20 miembros del órgano que selecciona y controla a los jueces, el máximo tribunal “exhortó al Congreso de la Nación para que en un plazo razonable dictara una ley para organizar el citado Consejo disponiendo que, si ello no sucedía en el plazo de 120 días, debía integrarse y funcionar, en sus aspectos institucionales más relevantes, conforme una ley fenecida”. En el decreto, el Gobierno alerta que “dicho plazo se encuentra largamente vencido y, hasta la fecha, el Congreso de la Nación no dio cumplimiento a la medida dispuesta por el Alto Tribunal, por lo que resulta necesario que ello se realice en el menor plazo posible”.

El punto 24 del anexo es el que contiene, de manera genérica, las “solicitudes de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, pese a que se trata del principal motivo por el que la Casa Rosada decidió convocar a extraordinarias. No solo eso, también es el principal argumento por el que la oposición de Juntos por el Cambio decidió no abocarse a tratar ningún proyecto mientras el Gobierno insista con enjuiciar a la Corte, con lo que vuelve letra muerta el resto del temario enviado por el presidente.

En el punto 10 se dispuso el proyecto para ampliar la cantidad de miembros del máximo tribunal. Según el texto de la convocatoria, se busca la modificación del artículo 21 del Decreto Ley N° 1285/58 “con el fin de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. El siguiente punto del temario es el que incluye la modificación del Consejo de la Magistratura.

El capítulo judicial del decreto firmado por Fernández incluye otros dos puntos del temario: el octavo, que refiere al tratamiento de acuerdos requeridos al  Senado de la Nación y el noveno, que busca introducir modificaciones en la legislación vigente vinculada a la prevención y represión del lavado de activos, al financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En el paquete de 27 proyectos que se envió para trabajar hasta el 28 de febrero, el capítulo económico es central junto al judicial. Desde el Palacio de Hacienda se incluyó el “nuevo blanqueo de capitales”, conocido formalmente como “Proyecto de ley de exteriorización del ahorro argentino”, en el que cifra parte de sus expectativas Sergio Massa. Como también el proyecto por el cual se crea el “Plan de pago de deuda previsional”, que permitirá a más de 800.000 personas que no cuenten con los 30 años de aportes requeridos entrar en una moratoria y pagarlos en cuotas.

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