En un allanamiento ordenado por el Juzgado Federal de Goya detectaron explotación laboral en fincas hortícolas de la localidad de Lavalle. Con la presencia de varios organismos oficiales, allí se registraron varias irregularidades.
Los operativos estuvieron a cargo de la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, cuyo personal actuó bajo las órdenes de la jueza Cristina Pozzer Penzo.
Según precisaron, el allanamiento se concretó en predios dedicados a la explotación hortícola en una zona rural de la localidad de Lavalle, tras una denuncia anónima por supuesta infracción a la Ley 26.364 relacionada con la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. La finca hortícola allanada es propiedad de ciudadanos bolivianos y argentinos.
Del operativo participaron también organismos nacionales como el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, Afip, Renatre, Migraciones, entre otros.
El delegado para el NEA del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de la Jefatura de Gabinete de la Nación, José María Servín, detalló que los organismos nacionales colaboraron con la pesquisa y recolección de pruebas para la causa penal.
Añadió, además, que los trabajadores fueron entrevistados por personal especializado del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia.
Describió que luego de la irrupción en el terreno detectaron que “los trabajadores no estaban registrados laboralmente, no gozaban de sus derechos ni de garantías laborales como vacaciones, obra social, aportes jubilatorios. Ni siquiera contaban con algún seguro por la actividad que desarrollaban”.
Añadió que otra irregularidad detectada fue “el pago por el trabajo que realizaban que percibían por productividad sin sumas fijas de sueldo y fuera de la escala salarial por convenio colectivo de trabajo, sin horas establecidas de jornada laboral”.
Detalló que “les pagaban aproximadamente por techo $5000, dependiendo del clima y el periodo estacional; hacían de 3 a 5 techos por día. En un caso particular un trabajador accedía a un salario de $2500 por día”, remarcó.
Asimismo, aseguró que las condiciones de trabajo “no eran las que corresponden, sin elementos de seguridad, detectándose además condiciones habitacionales precarias”.
Los informes fueron elevados a la Justicia Federal que, a partir de las evidencias recogidas, deberá avanzar con las sanciones correspondientes al o los responsables.
(WA)
