Juicio al Juzgado Federal: pidieron condenas y comenzaron los alegatos de la defensa

El Tribunal Oral Federal de Corrientes inició la etapa final del juicio por supuestas maniobras de cohecho en el Juzgado Federal 1 de esta capital, con los alegatos que tuvieron este viernes un pedido de condenas por parte de la fiscalía y las respuestas de las defensas.

El fiscal General de la órbita federal en Corrientes, Carlos Schaefer, solicitó al Tribunal una serie de condenas por la supuesta asociación ilícita conformada en torno al Juzgado Federal, integrada -según la acusación- para percibir sobornos de narcotraficantes que estaban en busca de alivio procesal en causas que contaban con la actuación de un grupo determinado de abogados y de dos secretarios penales del estrado de la calle 25 de Mayo.

Así, el representante del Ministerio Público pidió 15 años de prisión e inhabilitación perpetua para el exjuez Carlos Soto Dávila; 12 años e inhabilitación para el exsecretario Pablo Molina; 9 años y seis meses e inhabilitación para el exsecretario Federico Grau; 8 años de prisión e inhabilitación para el abogado Duylio Barboza Galeano; 7 años de prisión e inhabilitación para el abogado Gregorio Giménez; 5 años de prisión e inhabilitación para el abogado Tomás Viglione y dos años y cinco meses de prisión para el exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone.

Las penas fueron requeridas, además, por presunto  prevaricato  por parte de los exfuncionarios judiciales.

Vale señalar, previo a este debate acordaron sus penas en juicios abreviados los abogados Jorge Vallejos y Omar Serial, así como los narcotraficantes de Itatí Carlos Bareiro, Federico Sebastián Marín y Pablo Torres.

Luego del alegato del fiscal Schaefer, que cerró la instancia abierta la semana pasada por los representantes de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Diego Iglesias y Martín Uriona, inició la etapa de respuesta de las defensas.

La primera en alegar fue la patrocinante del exsecretario Molina, Valeria Corbacho.

La letrada profundizó sobre la supuesta falta de corroboración de los aportes hechos por testigos de identidad reservada, arrepentidos o imputados colaboradores, e incluso puntualizó en supuestas inconsistencias entre las versiones que dieron en sus testimonios durante la instrucción de la causa y en el juicio oral.

Asimismo, reclamó que el ministerio público fiscal no avanzó con pedidos de detenciones o de allanamientos, entre otras medidas de temperamento cautelar, ni con apelaciones puntuales en casos de beneficios procesales a narcotraficantes.

En tanto que subrayó su voluntad de demostrar "los silencios de la fiscalía". En ese sentido sostuvo que "los silencios del juzgado eran delictuales" por lo que consideró "una vara desigual" para medir los hechos que son analizados ahora.

La réplica de la abogada continuará el miércoles 5 de abril a las 8 am, en tanto que para el lunes 10 de abril se prevé que inicie su alegato la defensa técnica de Soto Dávila.

Al respecto, este viernes hubo un pedido especial de su patrocinante, Mariana Barbitta -que comparte la estrategia con el codefensor Mariano Balanovsky-, para que el exmagistrado sea el encargado de pronunciar las conclusiones de su alegato, solicitud que fue rechazada por el Tribunal aunque el presidente del cuerpo, Juan Manuel Iglesias, se comprometió a "evaluar de nuevo".

"Soto Dávila le quiere decir a la ciudadanía sus conclusiones en el alegato", indicó Barbitta en el cierre de la audiencia de este viernes y anticipó que se trata de un descargo que está estructurado en cinco puntos.

Al igual que Corbacho, Barbitta y Balanovsky deberán alegar los abogados Aníbal Ibarra, Pedro Martino, Juan Manuel Cubilla Podestá, Jorge Adrián Barboza y Silvio Sosa, que representan a los diversos imputados, quienes, a su vez, previo a la sentencia, podrán expresarse ante el tribunal.

Vale señalar, este proceso inició en junio de 2022 y está a cargo de los jueces Juan Manuel Iglesias, Manuel Moreyra y Rubén Quiñónes, magistrados subrogantes de Chaco, Misiones y Formosa respectivamente.