Concluyó este miércoles en el juicio al Juzgado Federal 1 de Corrientes el alegato de la defensa del exsecretario Pablo Molina y se profundizó la estrategia para distanciarlo de una supuesta asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos para extender alivio procesal a narcotraficantes de Itatí, audiencia en la que también hicieron sus descargos los abogados de los imputados Juan Faraone y Federico Grau.
Valeria Corbacho, abogada que patrocina a Molina, concluyó durante la mañana de este miércoles su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, luego de que los fiscales Diego Iglesias, Martín Uriona y Carlos Schaefer hayan presentado sus planteos acusatorios y reclamado para el exsecretario penal 12 años de prisión.
Asimismo formuló su descargo Pedro Martino, abogado del exintendente de Empedrado, Juan Manuel Faraone, por quien los representantes del Ministerio Público solicitaron dos años y medio de prisión.
En tanto que inició su alegato Aníbal Ibarra, que defiende al otro secretario penal acusado, Grau, para quien se reclaman 9 años de prisión.
Corbacho en su planteo, además de solicitar la absolución de Molina, pidió que se extraigan de esta causa las participaciones del gendarme Carlos Justiniano y de los testigos identificados como declarantes 1 y 6 para que se los investigue por presunto falso testimonio.
Entre otras cuestiones, la abogada remarcó que en la investigación "se valoraron aisladamente y fraccionadamente las pruebas de audios" tomados de las intervenciones telefónicas, pero repasó que existen evidencias -también de las escuchas- que dejan aclarado que los montos de dinero referidos a lo largo de las supuestas maniobras, formaban parte de honorarios de abogados de narcotraficantes.
"Se intervino el teléfono de Molina sin que se logre ninguna prueba, se investigó su patrimonio, a su madre, a su esposa y a sus tres hijos menores de edad y no hay dinero, no hay autos, no hay fincas", subrayó Corbacho.
Martino en tanto, sostuvo que Faraone fue imputado a partir de una "inducción errónea a través de la creación intelectual no basada en pruebas, con lo que se elabora el prejuicio y después se busca cómo darle respaldo".
"Faraone -que estuvo más de un año detenido- no es ni narcotraficante ni ha cometido cohecho; las penas solicitadas son de una desproporción y una arbitrariedad tal que la defensa técnica se ha visto obligada a marcar", indicó Martino, a la vez que recordó que también fue vinculada a la causa una hija del exjefe comunal de Empedrado, "a quien se negaron a darle una prisión domiciliaria teniendo una hija de dos años, mientras que ese beneficio sí se lo dieron a ´Morenita´ Marín que no saben dónde está".
Ibarra a su vez, puso de manifiesto que "a Grau lo persiguen por llamar por teléfono a un amigo tres días después de su cumpleaños", en referencia a una conversación sostenida con uno de los abogados que defendía a narcotraficantes de Itatí, coincidentemente en ocasión de una incautación de estupefacientes.
Reiteró que hubo un testigo de identidad reservada "al que usaron hasta el cansancio y era narco cuando se hacía pasar por pescador".
Y le puso relevancia al impacto que los detalles de la investigación han tenido en los medios de comunicación, con el ejemplo de la frase pronunciada por uno de los narcotraficantes que tenía intervenido su teléfono, "Chavito" Barrios, quien aseguró que en el estrado de la calle 25 de Mayo había "un juez piola" que "arreglaba".
"Cinco meses después de decir eso, (Carlos) Soto Dávila procesó a Chavito Barrios con prisión preventiva", manifestó Ibarra.
El alegato de Ibarra continuará el lunes 10 de abril, mientras que el miércoles 12 harán sus descargos Juan Manuel Cubilla Podestá -que defiende al abogado Tomás Viglione- y posteriormente, Silvio Sosa, patrocinante del abogado Gregorio Giménez.
Se prevé que el viernes 14 de abril formulen su alegato los defensores del exjuez Carlos Soto Dávila, Mariana Barbitta y Mariano Balanovsky.
