Imputan por enriquecimiento ílicito a un exintendente

n La Justicia imputó por enriquecimiento ilícito  al exintendente de la localidad correntina de Santo Tomé, Mariano Garay, informaron  fuentes judiciales. 

La imputación se dio tras una investigación de la Fiscalía de Santo Tomé. La medida, dictada en los últimos días, corresponde al Expediente Nº 23957/2021 que se tramita en el Juzgado de Instrucción de Santo Tomé a cargo de Marina Durand.

Según fuentes judiciales, Garay no pudo justificar los fondos utilizados mientras era intendente para pagar un arreglo judicial a su expareja Alexandra Frey Ríos.

En el 2021, la actual concejal Carmen Braña pidió a la Fiscalía local que investigara al jefe comunal para saber si el exintendente usó fondos municipales para el arreglo por una causa privada.

En la actualidad, Mariano Garay es candidato a concejal en cuarto término por el Frente de Todos. 

Denuncia

El viceintendente de Santo Tomé, Carlos Raúl Farizano, había denunciado el año pasado a la anterior administración municipal por hechos de supuesta corrupción tras recibir un subsidio por 20 millones de pesos por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina. 

El funcionario se había presentado ante la oficina de la Fiscalía de Santo Tomé, a cargo de Facundo Cabral, y solicitó que “se investigue la posible comisión de delito”, que se habría producido luego de que la Comuna de Santo Tome recibiera la suma de dinero mencionada para “paliar los efectos de la pandemia” en la ciudad.

En concreto, Farizano le pidió a la Justicia santotomeña que investigara si “se cometió delito, o no”, cuando los funcionarios de la gestión anterior habrían firmado una orden de compra y un cheque el mismo 10 de diciembre, día de la asunción y cuando ya había caducado el mandato constitucional de la gestión. 

Según relató el funcionario, en horas de la tarde de ese 10 de diciembre se habrían gastado a nombre del Municipio $541.000 pesos en materiales. Las supuestas pruebas fueron adjuntadas en la denuncia presentada.  

Farizano denunció ante el fiscal que se pudo haber cometido el delito de “usurpación de autoridad”, previsto en el artículo 246, inciso 2, del Código Penal y que prevé una pena de un mes a un año de prisión e inhabilitación especial.

El viceintendente solicitó que se lo tenga en cuenta como denunciante de la causa y “que se llegue a determinar la verdad real de los hechos y de, corresponder, se condene a los responsables”.

En el pasado, el funcionario sostuvo que el dinero fue gastado en la compra de materiales de construcción. “Lo otro grave es que hicieron compras de madera de pino de 5 metros en Margarita Belén, Chaco, cuando Santo Tomé es la mayor área forestal”, comentó el funcionario.